El Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tomó medidas contundentes tras el caso de Sheyla Cóndor, ordenando la destitución de cuatro comisarios implicados.
La decisión responde a las irregularidades denunciadas por los padres de Sheyla, quienes, al intentar presentar una denuncia en la comisaría de Santa Luz Mila, fueron amenazados por el personal policial. Este caso, que ha generado indignación pública, resalta deficiencias en el manejo policial y ha desatado críticas sobre la impunidad dentro de la institución.
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Irregularidades y decisiones inmediatas
Según declaraciones oficiales, los padres de Sheyla enfrentaron amenazas en lugar de apoyo al buscar justicia. “No solamente no tramitan la denuncia, sino que amenazan a los padres,” detalló un informe, evidenciando un patrón preocupante en algunas dependencias policiales. En respuesta, Santiváñez aseguró que “no habrá impunidad” y que se actuará “hasta las últimas consecuencias” para corregir fallos institucionales.
El ministro también destacó que estas acciones forman parte de un proceso más amplio de evaluación y control interno destinado a erradicar malas prácticas en la Policía Nacional del Perú (PNP). La Inspectoría General ya ha iniciado investigaciones para determinar si hay más oficiales involucrados.
Deficiencias en el caso Sheyla Cóndor
El cuerpo de Sheyla fue hallado en un hotel de San Juan de Lurigancho, y las irregularidades en el manejo inicial del caso han sido duramente cuestionadas. Incluso altos mandos policiales han reconocido errores en los procedimientos, lo que ha llevado a evaluar y ajustar los protocolos operativos. “El procedimiento estuvo mal hecho,” admitió el ministro, subrayando la necesidad de mejorar las prácticas institucionales.
