Según Santivañez, esto es un intento por desestabilizar su gestión en el intento de luchar contra la delincuencia. Además, el titular del Miniter rechaza la autenticidad de los audios.
El 29 de septiembre, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, utilizó la red social X para desmentir de forma contundente la autenticidad de unos audios que habían sido difundidos en los medios. En estas grabaciones, que fueron emitidas el 27 de septiembre por el programa «Cuarto Poder», se escucha a Santiváñez discutiendo presuntos planes para postularse a la presidencia, con la intención de convertirse en sucesor de Dina Boluarte en las próximas elecciones.
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Los audios presentan conversaciones entre Santiváñez y el capitán de la Policía Nacional del Perú, Junio Izquierdo, apodado ‘Culebra’. En ellos, el ministro discute estrategias para capturar al líder de Perú Libre, Vladímir Cerrón, quien se encuentra prófugo. Se señala que Santiváñez habría considerado esta captura como una oportunidad para consolidar su permanencia en el cargo y posicionarse como candidato presidencial.
Si se confirma la veracidad de estas grabaciones, la situación podría perjudicar gravemente la imagen del ministro y su permanencia en el Gabinete. Sin embargo, Santiváñez rechazó categóricamente las acusaciones, describiendo los audios como falsos y parte de una campaña de desprestigio impulsada por sectores con «intereses subalternos» que buscan desinformar a la población y generar inestabilidad en su gestión.
El ministro enfatizó que estos ataques son un intento de desacreditar los esfuerzos del Ministerio del Interior en la lucha contra la delincuencia, especialmente en un contexto donde varios distritos del país están en estado de emergencia debido al aumento de la criminalidad. Santiváñez también reafirmó su compromiso con la transparencia y su disposición a colaborar en las investigaciones necesarias para aclarar los hechos, confiando en que se demostrará su inocencia.
Por otra parte, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación contra Santiváñez por su presunta implicación en el encubrimiento de Vladímir Cerrón. Esta acción legal es parte de la disposición fiscal en el marco del caso contra la presidenta Dina Boluarte, presentado el 26 de septiembre. Las acusaciones sugieren una posible complicidad entre altos mandos gubernamentales en la protección del exgobernador de Junín, quien ha estado en la clandestinidad durante casi un año.
