El objetivo es asegurar la restricción de dispositivos móviles e internet en las prisiones del país
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, introdujo ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República cuatro iniciativas legislativas que tendrán un impacto directo en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia en el país. Estas propuestas serán discutidas como parte de la delegación de facultades solicitadas por el Ejecutivo al Parlamento.
La primera propuesta busca fortalecer la restricción del uso de teléfonos móviles e internet en las prisiones a través de un decreto legislativo que establezca las responsabilidades y penalidades para las empresas de telecomunicaciones. Esto se enmarca en la prohibición de comunicaciones ilegales dentro de los centros penitenciarios y de rehabilitación juvenil.
El ministro explicó que esta propuesta contribuirá a reducir la actividad de bandas delictivas y grupos criminales tanto dentro de las cárceles como fuera de ellas, al tiempo que fortalecerá la seguridad en los centros penitenciarios.
Otra medida planteada busca fortalecer la legislación contra el crimen organizado, mediante la actualización de la Ley N° 30077, que presenta lagunas que dificultan su aplicación efectiva.
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Arana señaló que se establecerán normativas para controlar las actividades de la criminalidad organizada, definiendo claramente los criterios de autoría y participación, y ampliando su alcance para incluir el delito de banda criminal, así como la incorporación de circunstancias agravantes específicas. Esta acción también mejorará la investigación y aumentará las sanciones penales contra estas organizaciones.
Una tercera iniciativa busca fortalecer el sistema penitenciario mediante la modificación del Decreto Legislativo N° 1328, el cual establece que el máximo órgano del INPE es un consejo directivo multidisciplinario de seis miembros que, a pesar de haber sido emitido hace siete años, aún no se ha implementado.
El ministro subrayó la necesidad de que el INPE cuente con una autoridad capaz de tomar decisiones y ejecutarlas de manera inmediata, lo que agilizará la gestión y la toma de decisiones.
La cuarta propuesta sugiere la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden interno. En la actualidad, el Decreto Legislativo N° 1095 no regula de manera adecuada los ámbitos y situaciones que, de acuerdo con la Constitución y la ley, justifican dicha intervención, por lo que es necesario especificar cuándo la capacidad de la Policía para mantener el orden interno ha sido rebasada, con el fin de habilitar este respaldo excepcional.
La propuesta busca modificar dicho Decreto Legislativo para regular las circunstancias en las que se necesita la intervención de las Fuerzas Armadas, sin necesidad de declarar un estado de excepción.
