Estará acorde con el resto de las entidades estatales del gobierno central, porque hay mucha diferencia, afirma

Por: Valeria Ponce

El congresista y almirante AP en retiro Jorge Montoya, exjefe del Comando Conjunto de las FFAA, es una de las voces más críticas sobre la gestión de seguridad y defensa en el país. En esta entrevista, cuestiona el alarmismo del Consejo Fiscal sobre la Ley 32561, denuncia el abandono histórico en equipamiento policial y exige al próximo gobierno una nueva escala salarial para la Policía Nacional.

 – El Consejo Fiscal advierte que la Ley 32561 generará un costo adicional de S/ 46 mil millones. ¿Esta norma resuelve las demandas históricas del sector o es solo un parche?

Es una ley que se sacó para corregir la que existía desde el gobierno de Ollanta Humala, donde se rebajaban las pensiones de los militares. No resuelve las demandas de hoy en día. Y esto se va a aplicar en el tiempo, en 30 años; no es que el gasto sea hoy. El Consejo Fiscal lo ha hecho de manera tendenciosa. Esto se va a desarrollar a lo largo de 30 años de carrera militar y policial. No puede aplicarse de inmediato porque tienen que estar primero en servicio activo, sin ninguna pensión pendiente.

 – ¿Esta ley responde a una necesidad real del sector o fue una decisión política?

La última ley que ha salido trata de arreglar un problema serio: los que ingresaron a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional antes de 2012 reciben el 100%, y los que ingresaron después de 2012 reciben el 50%. Eso es inaceptable en cualquier organización del mundo. Lo que se ha hecho con esta ley es corregir ese problema, nada más. Lo que ha hecho el Consejo Fiscal es aprovecharse de los números para generar un escándalo innecesario.

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– ¿Qué significaría para un policía jubilarse, considerando que algunos lo hacen a los 52 años y otros no tienen ese beneficio?

Todos tienen el mismo beneficio. Antes de que se sacara esta norma, a quienes ingresaron a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional después del año 2012 se les aplicaba una ley diferente a la que tenían los que ya estaban en servicio, y en esa ley se le recortaba el derecho a pensión a la mitad. Lo que se ha hecho con esta norma es corregir eso y equipararlos al resto de las fuerzas armadas; en otras palabras, los han nivelado. Esto se aplica cuando pasan a retiro, que ocurre cuando tienen más de 20 o 30 años de servicio.

 – El Gobierno viene ejecutando un plan de actualización salarial y pensionario en cuatro fases, la última de las cuales se ejecutará este mes de junio del 2026. ¿Esta medida en tres fases convence a la tropa o sigue habiendo malestar en las bases?

Para hablar de remuneraciones hay que hablar de las de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en conjunto, porque la ley las iguala; no pueden ser diferentes. Lo que se consiguió con las gestiones que hice en el Ejecutivo durante el gobierno de Dina Boluarte fue plantear la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida desde el año 2012 hasta la fecha, que equivalía al 48% de la remuneración. […] El Ministerio de Economía consideró que aplicarlo de golpe sería un gasto muy fuerte para el fisco, y que era mejor hacerlo en tres o cuatro tramos, y se hizo así. Eso no significa que sea un aumento de remuneración, es una recuperación de capacidad de vida perdida. Nos han puesto en el nivel en que estábamos en el año 2012. Ahora viene el tema del incremento real de remuneraciones. Estoy haciendo gestiones para una nueva escala salarial acorde con el resto de entidades estatales del gobierno central, porque hay mucha diferencia. […]

 – ¿Esta nueva escala que menciona permitiría al oficial y al suboficial sostenerse económicamente sin buscar un ingreso adicional?

No. La que tienen actualmente les está ayudando a sobrevivir un poco mejor, pero no es suficiente. Les falta todavía que se aplique el 81% para los suboficiales y supervisores. Lo hemos pedido y lo hemos tratado de incluir en el presupuesto […]. Por eso estoy hablando ahora de una escala de remuneraciones que permita al oficial y al suboficial vivir de manera más cómoda, no solo sobrevivir.

 – ¿Por qué aún hay policías que salen a las calles sin el equipo básico para enfrentar el delito?

La fuerza policial de cualquier país debe contar, para cada uno de sus hombres, con chaleco antibalas y una pistola por lo menos, para que pueda defenderse en cualquier distancia y defender a la sociedad en cualquier punto, ya sea en tránsito a su casa, de vacaciones o donde sea. La nuestra no lo tiene. No hay armamento para todos; solamente para los que están en las comisarías. Lo que esto denota es una falta de interés a lo largo de los años.

 – ¿De quién es la responsabilidad real de este déficit en equipamiento: del Ejecutivo, del Congreso o de la propia institución?

Varios, los generales y los ministros del Interior que han pasado en los últimos 15 años, por poner una fecha. Ninguno se ha preocupado del tema. Esto es cuestión de sentarse en un escritorio, tomar la decisión política de manera correcta y seguir las alineaciones exactas. No se necesita mucho para decidirlo.

 – Ante la crisis de seguridad actual y el alza de denuncias, ¿cómo evaluaría el desempeño de la PNP y las Fuerzas Armadas?

Las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con la seguridad ciudadana; están en apoyo de la Policía en ciertas situaciones cuando se declara emergencia y para reemplazar en algunos puntos de vigilancia, no para intervenir con la población, porque no tienen ni el arma adecuada ni la ley los faculta. La responsabilidad directa recae en la Policía Nacional, que está haciendo su trabajo con los recursos que tiene y el conocimiento que posee. Ahora, el tema de los delitos debe tratarse según el tipo. Hay delitos que son responsabilidad de la Policía en acciones de vigilancia normal, como la extorsión, pero si no hay colaboración de la población, nunca van a poder combatirla. Tiene que haber una confianza absoluta entre la población y la Policía Nacional para dar la información que la Policía requiere para detener a quien está extorsionando. El tema del gota a gota, que es otro tipo de extorsión, también requiere comunicación fluida entre la autoridad y los afectados.

 – ¿La solución pasa solamente por la confianza o también por la falta de recursos y de policías?

Para cada tipo de delito hay una forma de actuar. La confianza es necesaria para delitos como la extorsión porque requiere comunicación entre la policía y el afectado. El resto de delitos es trabajo de la policía.

 – ¿Cuál sería entonces la solución concreta para mejorar el equipamiento y la capacidad operativa de la PNP?

Hay que vestir a los policías de manera adecuada, con chalecos antibalas y armamento, para que puedan transitar uniformados entre su trabajo y su casa usando el transporte público, como lo hacen actualmente, y eso sea una medida disuasiva para los asaltantes de buses. Esa es una forma de mejorar el equipamiento aprovechando los trayectos de domicilio. Adicionalmente, tiene que haber laboratorios de investigación, al menos uno en cada región, con todo lo necesario para analizar una escena del crimen y encontrar al responsable. Para eso se necesita ayuda tecnológica.

 – ¿El problema de seguridad pasa por ampliar el número de efectivos policiales?

Yo creo que no. Son 135,000 policías; es bastante. Hay que saber distribuirlos. Por ejemplo, los ministros de Estado con un policía de seguridad y un conductor serían suficientes. Pero acá les ponen escolta con moto y carro. Ya no estamos en el terrorismo como antes; no se necesita tanta seguridad para trabajar. […]

 – Sobre la autonomía de investigación de la PNP frente al Ministerio Público: ¿considera que la policía debería tener más autonomía para investigar?

Deberían formarse grupos conjuntos de policías y fiscales que trabajen juntos. He observado la Constitución y las leyes que regulan la relación entre la fiscalía y la policía, y siempre hay conflictos. Tenemos fiscales mal formados, que no están capacitados de manera adecuada en la investigación criminal, y eso hace que con la Policía Nacional no se realice una buena investigación.

 – ¿Calificaría la coordinación con la fiscalía como un apoyo o un obstáculo?

Ni apoyo ni obstáculo. Hay que crear un nuevo equipo de investigación que una a la Policía Nacional, que tiene la experiencia en el tema, con al menos un fiscal, para que este funcione correctamente dentro del Ministerio Público. Con eso las cosas van a ser mucho mejor. Actualmente la Fiscalía le da crédito a lo que no hace la Policía, y lo que sí hace la Policía no llega a la Fiscalía.

 – ¿Qué reforma legal es urgente para que la Policía pueda perseguir el crimen de forma más eficaz?

Realmente ya tienen todas las herramientas para hacerlo. Tienen la ley de flagrancia, pueden actuar contra quien está cometiendo el delito y están protegidos legalmente. Tienen el conocimiento. Lo que tienen que hacer es trabajar de manera ordenada y coordinada.

 – ¿Cuál sería su petición principal para el próximo gobierno?

Lo primero es que apruebe la nueva escala remunerativa para la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Estamos trabajando en ella y la voy a presentar en poco tiempo. Lo segundo es que se atienda el equipamiento de la Policía Nacional, en general, desde aviones y buques hasta uniformes. Hay que tener a la Policía Nacional bien vestida, bien equipada y con armamento para defender la soberanía nacional.