Bukele sigue llenando las cárceles en un régimen de excepción que está por cumplir dos años, a poco de las elecciones presidenciales.
Los superiores de la Policía Nacional Civil de El Salvador dieron la orden de cumplir con una cuota diaria de arrestos el mismo día en que al menos se cometió un asesinato en el Centro Penal La Esperanza, una de las cárceles más grandes del país.
Tanto la muerte en la prisión como la instrucción de detener a más personas sucedieron en total secreto, como se le acusa al gobierno de Nayib Bukele.
De acuerdo con los medios internacionales, dos oficiales de la Policía, una fuente dentro de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y familiares de reclusos han corroborado que se ha impartido una orden a los mandos medios policiales para cumplir con cuotas diarias de detenciones.
Aunque no está claro cuántos arrestos se deben realizar cada día, un recuento realizado por el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica señaló que se llevaron a cabo 117 detenciones en un período de 48 horas entre el 10 y el 12 de enero pasado.
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“Son los jefes de la Policía quienes han generado esa disposición, lo cual no es correcto, ya que presiona a la personal a llegar a una meta, y que por fuerza tiene que cumplir. Muchos policías se han opuesto a esa medida arbitraria”, señaló uno de los oficiales de policía desde el anonimato.
En junio de 2022, poco después de que el gobierno salvadoreño implementara un régimen especial que restringió los derechos constitucionales de los ciudadanos, la Policía ya había establecido obligaciones de realizar detenciones que las diversas delegaciones y subdelegaciones debían cumplir.
Después de un fin de semana violento en marzo de 2022, donde las pandillas MS13 y Barrio 18 causaron caos y dejaron 87 muertos en 72 horas, el gobierno de Bukele implementó un régimen especial.
Esta masacre se debió a desacuerdos entre el gobierno y las pandillas, con las cuales se habían negociado pactos desde al menos 2017. Para mantener bajas las tasas de homicidios, Bukele protegió a líderes pandilleros de la extradición a Estados Unidos, donde enfrentarían cargos de terrorismo, asesinatos y otros delitos.
El gobierno de Bukele confirmó que alrededor de 80,000 salvadoreños fueron arrestados durante el régimen de excepción. Tanto el fiscal general, cercano al presidente, como el ministro de seguridad pública, Gustavo Villatoro, declararon en numerosas ocasiones que todos los detenidos son miembros de pandillas o han colaborado con ellas. Sin embargo, más tarde reconocieron que alrededor de mil personas fueron liberadas después de pasar meses en prisión, ya que no tenían ninguna conexión con organizaciones criminales.
