Tras más de tres meses de audiencias, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, realizó la lectura de resolución respecto al requerimiento de prisión preventiva, por el plazo de 36 meses, que pesa en contra del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, el abogado Mateo Castañeda, y otras cuatro personas en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
Si bien Boluarte se conectó el domingo virtualmente desde un vehículo para participar en la audiencia, según se pudo apreciar en las imágenes proporcionadas por Justicia TV, ayer brilló por su ausencia.
Al reiniciarse la sesión, Concepción Carhuancho le consultó al abogado de Boluarte, Luis Vivanco, si su patrocinado se conectará virtualmente, a lo que este le respondió que no ha podido comunicarse con él.
Por la tarde, alrededor de las 2:45 p.m., el magistrado le volvió a preguntar a Vivanco por el status de su cliente; sin embargo, este insistió que no ha logrado establecer comunicación con su defendido.
“Lamentablemente, no he podido comunicarme con mi patrocinado”, señaló el abogado, lo que aumentó los rumores de que Boluarte se encuentra como no habido.
Tras conocerse esta situación, los medios de comunicación se dirigieron a la vivienda que consignó Boluarte; sin embargo, no lo encontraron.
CRIMINAL
En la primera parte de su exposición, el juez determinó que los hechos que se le imputan a Boluarte “sí tendrían connotación criminal”, así como remarcó que existe un alto grado de probabilidad de que este haya participado en los hechos que se le atribuyen.
Añadió que en la carpeta del caso hay alrededor de 35 elementos de convicción que acreditan la participación de Boluarte en la captación de subprefectos para que cumplan con el llenado de fichas de inscripción de su partido ‘Ciudadanos por el Perú´’.
Precisamente, mencionó el caso del testigo Armando Villalobos Leyva, quien fue nombrado prefecto regional de San Martín en enero del 2023. Este funcionario ratificó en su declaración testimonial que se le exigió llenar fichas de afiliación a dicha agrupación política.
De acuerdo con la tesis fiscal, Boluarte encabezaría una red criminal dedicada a nombrar, de manera ilegal, a prefectos y subprefectos en diversas regiones del país con la finalidad de utilizar el aparato estatal para facilitar la inscripción de su partido.
Para dicho fin, el hermano de la presidenta habría planificado un programa criminal para copar la Dirección General del Gobierno Interior (DGIN), del Ministerio del Interior, así como habría colocado personal de confianza en otras instituciones estatales, como el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y Provías Descentralizado.
