El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó el pronunciamiento de la Cancillería peruana, que cuestionó las reformas aprobadas en primera votación y advirtió sobre un posible debilitamiento de la democracia y la participación política en Nicaragua.
El Gobierno de Nicaragua respondió al pronunciamiento de Perú contra la polémica reforma constitucional promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Managua rechazó los cuestionamientos de Lima y defendió su derecho a modificar sus normas internas bajo el argumento de la soberanía nacional.
“La soberanía de un pueblo no se discute”, sostuvo la Cancillería nicaragüense en una breve respuesta oficial, difundida luego de que el Gobierno peruano expresara su preocupación por los cambios constitucionales aprobados en primera votación por la Asamblea Nacional.
La respuesta de Managua se produce en medio de una creciente reacción internacional contra las modificaciones impulsadas por el oficialismo nicaragüense, que contemplan cambios en las reglas electorales y una ampliación del periodo presidencial.
Perú cuestionó el rumbo político de Nicaragua
La Cancillería peruana había emitido un pronunciamiento en el que manifestó su “más profunda preocupación y enérgico rechazo” a la reforma constitucional aprobada en primera votación.
Según Lima, las modificaciones buscan “liquidar la institucionalidad democrática” de Nicaragua, al eliminar condiciones para elecciones libres y competitivas y favorecer la permanencia del poder en manos de la familia Ortega-Murillo.
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori también pidió a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas activar los mecanismos disponibles para impedir que se consolide una situación que, según su evaluación, representa un retroceso democrático.
Perú cuestionó particularmente las disposiciones relacionadas con la participación de opositores y la ampliación del mandato de las autoridades.
¿Qué plantea la reforma constitucional?
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó el martes 2 de septiembre la primera de las dos votaciones necesarias para que la reforma entre en vigor.
Entre los principales cambios figura la ampliación del periodo presidencial de seis a siete años. La reforma también establece restricciones para que determinadas personas calificadas por el régimen como “traidores a la patria” puedan participar en procesos electorales.
La modificación constitucional ocurre después de que Ortega afirmara públicamente que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, declaración que provocó nuevas críticas internacionales.
El país tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Sin embargo, los cambios aprobados modificarían el calendario político y permitirían extender el actual periodo de gobierno.
La segunda legislatura que deberá ratificar la reforma está prevista para enero de 2027.
Managua acusa injerencia extranjera
En su respuesta a Perú, el Gobierno nicaragüense sostuvo que la soberanía nacional no puede ser cuestionada por otros Estados.
La Cancillería de Managua, encabezada en el pronunciamiento por el cocanciller Valdrack Jaentschke, calificó los cuestionamientos como una intromisión en asuntos internos y cerró su mensaje con la frase: “Nicaragua triunfa en paz y seguridad”.
La posición del Gobierno nicaragüense coincide con los argumentos que ha utilizado durante las últimas semanas para defender la reforma. El oficialismo sostiene que las modificaciones buscan proteger la soberanía, garantizar la estabilidad y evitar la intervención extranjera.
La Asamblea Nacional también ha defendido públicamente la reforma como un mecanismo para fortalecer la seguridad y la soberanía del país.
