El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, calificó las acusaciones como una “persecución política” contra las Fuerzas Armadas y aseguró que la institución no participó en los hechos.
En medio de una creciente polémica nacional, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, rechazó categóricamente las acusaciones que vinculan al Ejército con desapariciones forzadas, tras la detención y posterior hallazgo de los cuerpos calcinados de cuatro menores en Guayaquil. En un discurso transmitido en Cadena Nacional, Loffredo defendió la labor de las Fuerzas Armadas y calificó las imputaciones como parte de una estrategia política para desacreditar a la institución.
“No ha existido participación directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada”, afirmó el ministro. Según Loffredo, la resolución judicial que implicó a 16 militares en el caso, catalogándolo como desaparición forzada, responde a una “instrumentalización política”.
El caso, que ha generado indignación tanto en Ecuador como a nivel internacional, involucra a Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda, de entre 11 y 15 años. Los menores fueron detenidos por efectivos militares el 8 de diciembre en el barrio Las Malvinas tras una práctica de fútbol, y semanas después sus cuerpos fueron hallados en una zona aislada cerca de la base aérea de Taura.
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Loffredo arremetió contra la jueza que admitió un recurso de habeas corpus para calificar el caso como desaparición forzada, señalando que su decisión carece de facultades legales y busca, según él, “arrodillar a las Fuerzas Armadas”. El ministro también criticó la participación de figuras políticas, como la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, a quien acusó de usar el caso con fines partidistas.
Pese a su defensa de las Fuerzas Armadas, Loffredo cumplió con la orden judicial de ofrecer una disculpa pública a las familias de las víctimas. “Lamento profundamente lo ocurrido y extiendo mis más sentidas disculpas. Hechos así no deben repetirse”, expresó.
El contexto del caso es especialmente tenso debido al estado de conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa para combatir al crimen organizado, una estrategia que ha incrementado la presencia militar en las calles. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado al menos diez desapariciones vinculadas a efectivos militares desde la implementación de estas medidas.
El ministro prometió transparencia en las investigaciones, pero insistió en que estas deben respetar tanto la justicia ordinaria como la militar, defendiendo el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.
