No hay difamación cuando opiniones se refieren a hechos públicos ciertos

Jurista peruano refuta sentencias contra periodistas e invoca jurisprudencia del PJ, TC, CIDH y convención americana de DD.HH.

por | Feb 19, 2022 | Sin categoría

Jurista peruano refuta sentencias contra periodistas e invoca jurisprudencia del PJ, TC, CIDH y convención americana de DD.HH.

Los fallos judiciales de dos años de prisión suspendida al periodista de investigación Cristopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel,  así como el fallo de un año de prisión suspendida al también periodista de investigación, Víctor Alvarado y exdirector del diario “La Razón”, Martín Valdivia, contradicen mandatos del Tribunal Constitucional del Perú y amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta reflexión ha sido hecha por el jurista peruano, Jorge B. Hugo Álvarez, a propósito en el primer caso del fallo del juez Raúl Jesús Vega contra Acosta y Pimentel; y en el segundo caso, de la sentencia de la exjueza del 43 Juzgado Penal de Lima, Niño Palomino de Villarreal, confirmado por la VIII Sala Penal Liquidadora de Lima, contra Alvarado y Valdivia.

Hugo Álvarez considera que ambos fallos parten de un premisa equivocada al considerar lesivos al honor, en el primer caso, las afirmaciones de Cristopher Acosta, en su libro “Plata como cancha”, procedentes de terceros sobre el líder político del partido APP, César Acuña; y en el segundo caso, los juicios de Alvarado y Valdivia, al dar cuenta del pedido de la Corte Federal de Miami Sur (EEUU), para que el Ministerio Público del Perú, investigue al empresario peruano José Eduardo Castillo Carazas.

Sueño de los justos

Del primer caso, ha circulado abundante información en los medios periodísticos, mientras que del segundo caso, solo se conoce escasamente lo que difundió el diario La Razón el 09 de abril del 2019, en la que dio cuenta el pedido de investigación de la justicia norteamericano al Perú, hecho en el 2015, para que se investigue al empresario Castillo, sobre su probable implicancia en una gigantesca operación de lavado de US$ 1,200 millones, sustraídos a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Lo paradójico de esta investigación judicial abierta a Alvarado y Valdivia, es que han pasado 7 años del pedido de la justicia norteamericana y nunca el Ministerio Público ha dado cuenta que pasó con esta investigación o acaso aún duerme el sueño de los justos.

Ignoraron a CIDH

Hugo destaca que “si bien es cierto, que el honor es un derecho fundamental, también lo es la libertad de expresión, reconocidas en el  artículo 2°, numeral 4 de la Constitución Política del Estado, como un derecho fundamental común a todas las personas.

Para Hugo, los jueces no tomaron en consideración la libertad de expresión y las reglas establecidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, que declaran como vinculante que la libertad de expresión prevalece sobre el supuesto honor de la persona, siempre desde luego que la información sea cierta.

“En ambos casos, las afirmaciones de Acosta y los juicios de Alvarado y Valdivia se referían a  hechos noticiosos ciertos. Un hecho noticioso relevante y comprobable (Test de veracidad). De lo contrario ningún medio de comunicación social podría informar de asaltos, robos, estafas, etc., porque supuestamente se estaría afectando el honor del sujeto en  investigación”, advierte.

Pleno Jurisdiccional del PJ

A criterio de Hugo, las sentencias contravienen el Acuerdo Plenario N° 03-2006/CJ-116 del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias, donde se estableció con carácter vinculante las reglas de ponderación precisados en los párrafos 8 al 13 e igualmente las decisiones de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, que han señalado reglas precisas en relación al test de veracidad, sus fuentes, etc.

Para una mayor ilustración, señala que el Acuerdo Plenario 03/2006 del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales, prevé los casos en que pueda haber colisión entre la libertad de expresión y el honor de las personas, y en el caso que lo hubiere, la solución pasa por la formulación de un juicio ponderativo, que tenga en cuenta las circunstancias  de cada caso y determinar si la conducta atentatoria contra el honor está justificada o no, por ampararse en el ejercicio de las libertades de expresión e información”.

Para Hugo Álvarez, remitiéndose esta vez al fundamento 12 del Acuerdo del Pleno Jurisdiccional de la Salas Penales, el ejercicio legítimo de la libertad de información requiere la concurrencia de la veracidad de los hechos y de la información que se profiera.

Hechos públicos

Pero, a renglón seguido, el fundamento 13 norma que  las opiniones y juicios de valor (en este caso emitidos por Acosta-Pimentel y Alvarado-Valdivia) son de naturaleza estrictamente subjetiva y por tanto, no pueden ser sometidos al test de veracidad.

De otro lado, según Jorge Hugo, los jueces muy bien podrían haber aplicado el inciso 8 del artículo 20 del Código Penal, que reconoce como exención de responsabilidad penal, los  hechos o acciones derivados del ejercicio de un derecho, en este caso de las libertades de expresión e información.

“Lo que no ha ocurrido en el caso de Alvarado- Valdivia, más aún si consideramos que las informaciones no estaban vinculada a la esfera íntima o privada del querellante, sino que incidían en la esfera pública.  Es decir, por ser un hecho noticioso de relevancia pública internacional”, indicó.

Mandato del TC

Haciendo acopio de jurisprudencia, Jorge Hugo, recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en el Expediente No. 0905-200 1-AA/, caso Caja de Ahorro y Crédito de San Martín contra la emisora Radio Imagen y dos de sus periodistas, donde estableció una distinción entre las libertades de expresión e información.

Dice así: «la libertad de expresión garantiza que las personas (individual o colectivamente consideradas) puedan trasmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones (mientras que) la libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de libertades, que, conforme enuncia el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole verazmente ( … ).

Convención Americana

También, Hugo, se remite a la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, que en su artículo 13 numeral 1, bajo el epígrafe de «libertad de pensamiento y de expresión», establece: «(toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».

Finalmente, expresa Hugo, de acuerdo a la Convención Americana el derecho a la libertad de expresión se ubica en el plano subjetivo y el derecho a la libertad de información en el plano objetivo.

“El primero no requiere sujetarse al test de veracidad, el segundo sí. En la medida que, por su propia naturaleza, los juicios de valor, las opiniones, los pensamientos o las ideas son de naturaleza estrictamente subjetivas, no pueden ser sometidos a un test de veracidad.  No sucede lo propio con los hechos noticiosos, que por su misma naturaleza de datos objetivos y contrastables están sujetas al test de veracidad”, concluyó.


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