Ministra Cáceres confirma que derechos de víctimas fueron vulnerados
La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, adelantó luego de la reunión que sostuvieron el jueves en la noche los fiscalizadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) con los representantes de la empresa McDonald’s, a propósito de las muertes de dos jóvenes mientras prestaban servicios en esta tienda de comida rápida, que “no habrá mano que nos tiemble para imponer sanciones”-.
Cáceres, reveló que el lunes anunciarán las medidas que tomará el Ejecutivo para prevenir futuros casos como el de McDonald’s. “El lunes vamos a darles un mayor alcance y el anuncio de las medidas que se van a aprobar en Consejo de Ministros”, apuntó.
Aún cuando se excuso de brindar información sobre el avance de la investigación fue categórica en señalar que: “Tenemos que dar las garantías de que este informe o acta de infracción no pueda ser cuestionado para que no se afecte el proceso. Estamos siendo muy rigurosos desde Sunafil, pero que no les quepa dudas de que los resultados serán públicos”.
En esta parte de su declaración, agregó: “No habrá mano que nos tiemble para imponer sanciones”, dijo al referirse a la altamente posible confirmación de que los derechos laborales de las jóvenes víctimas hayan sido vulnerados.
La ministra expresó que “esta desgracia no puede volver a ocurrir, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero no es suficiente«, señaló haciendo referencia al escaso número de fiscalizadores que vigilen las condiciones laborales en las que operan diversas empresas.
Posición de Sunafil
Luego de esta reunión, el jefe de la Sunafil, Juan Carlos Requejo, explicó que su cartera coordina con el Ministerio Público y la Policía Nacional para complementar la investigación sobre este caso y se pueda esclarecer en el menos tiempo posible. “Nosotros estamos abocados en esclarecer las causas del accidente”, dijo
De otro lado, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, calificó de insuficiente la multa que impondría Sunafil a McDonald’s por S/ 189,000, porque «jamás podrá pagar la pérdida que han tenido las familias».
