Por Francisco Chirinos Soto.
Inmediatamente después de conocida la noticia relativa a un tremendo accidente ocurrido en la panamericana sur, en la provincia de Camaná, distrito de Ocoña, que ha venido a sumarse a otro idéntico suceso carretero en la panamericana norte, con un saldo de un centenar de muertos y varias docenas de heridos, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha exclamado, en su espacio televisivo: “No podemos seguir así” y se ha dirigido al país entero reclamando una acción conjunta para poner al Perú a cubierto de la dolorosa repetición de hechos semejantes.
Todo la razón tiene el Jefe del Estado quien, desde su elevada posición, percibe que hay responsabilidad compartida entre los poderes públicos, las fuerzas del orden y todas las personas y organismos que tienen, de una u otra manera, algo que ver con esa problemática, la obligación que tienen todas ellas de participar en un gran movimiento que conduzca a la eliminación o sustancial disminución de los accidentes en las carreteras nacionales.
No cabe duda, en primer término, que existe una normatividad desordenada e imperfecta, la cual permite que unidades de transporte que no son objeto de los indispensables controles acerca de su estado y funcionamiento, sigan dedicadas a la tarea de llevar y traer pasajeros de una ciudad a otra y que esa actividad esté a cargo de pilotos incompetentes e irresponsables, a quienes se confía la vida y la integridad física de las personas. En tales controles –situación de las máquinas y de sus conductores- se halla seriamente comprometida la Policía Nacional del Perú, cuyo personal no pone el debido empeño en el cumplimiento de sus tareas y, por lo general, hace de la vista gorda respecto de la situación de los vehículos y de las personas a quienes se entrega la enorme responsabilidad de conducirlos por las difíciles y complicadas rutas de nuestro territorio.
Lo más grave de todo esto radica en que la corrupción está precisamente al interior de esta problemática. Es frecuente el caso de pilotos que no tienen brevete profesional en orden y que, además, muestran antecedentes negativos. Es igualmente frecuente que las unidades motorizadas carezcan de las condiciones reglamentarias pertinentes, porque no hay debida vigilancia de parte de las autoridades policiales. Para superar estas penosas deficiencias es indispensable que la Policía Nacional del Perú, de capitán a paje, o sea desde el Ministro del Interior, pasando por los altos mandos de la institución policial hasta llegar a los niveles inferiores, hagan un examen de conciencia y un propósito de enmienda, para cambiar las cosas de manera definitiva.
También es verdad que, como ha planteado el Presidente de la República, se necesiten acciones de los poderes del estado –Legislativo, Ejecutivo y Judicial- para examinar la legislación y cubrir sus deficiencias y vacíos, a efecto de que policías, fiscales y jueces dispongan de instrumentos legales eficaces que permitan garantizar a la sociedad peruana en su conjunto una auténtica seguridad en caminos y carreteras.
La realidad actual es muy complicada. La Policía acusa a los fiscales de no atender debidamente las denuncias y atestados que elaboran a partir de los accidentes en las pistas; a su turno, los fiscales imputan negligencia a los jueces, que no atienden debidamente las denuncias del Ministerio Público, y el país en su conjunto atribuye a los jueces y magistrados que no hacen gravitar todo el peso de la ley sobre quienes son los responsables de las trágicas ocurrencias en nuestros caminos.
