«La norma tiene que aplicarse, porque además es absolutamente legal y constitucional. Lo que se está haciendo es procesar y a veces sentenciar a militares y policías que derrotaron al terrorismo en la década del 80 y el 90», dijo.
«No, para nada (coincido con la discrecionalidad). En el sistema republicano, inventado hace 2.500 años por los romanos, hay una división de poderes. El Poder Legislativo aprueba las leyes, el Gobierno las promulga y el sistema judicial las aplica. Y si alguien no está de acuerdo con la ley, pues va al único organismo que puede resolver este problema, que es el Tribunal Constitucional», agregó.
BENEFICIADOS
Jorge Montoya, congresista de Honor y Democracia, defendió la ley de amnistía.
En un principio, el parlamentario cuestionó la demora en la promulgación de la norma: “La ley la presenté en abril del año pasado. Se demoraron más de un año para promulgarla, y eso es una lentitud del Congreso que, desde mi punto de vista, resulta irresponsable, porque debieron tramitarla mucho más rápido”.
Montoya lamentó que haya personal que continúe envuelto en juicios interminables. “Pasaron 25 años, desde el 2000 a la fecha, donde se supone que ya no tenemos pendientes con el terrorismo, sin embargo, hay juicios que no terminan. Hay personal denunciado que continúa en la misma situación, sin sentencia y ni siquiera en primera instancia”, expresó el ex Renovación Popular.
CULPABLES
En ese orden de ideas, el legislador advirtió que Sendero Luminoso, grupo terrorista responsable de teñir de sangre el país, estaría detrás de los procesos contra los integrantes de las FF. AA. y la PNP.
“Un magistrado decente, probo y que quiera hacer justicia no puede permitir un juicio de 25 años; eso es inconcebible. ¿Qué cosa se lee acá? Hay complicidad con Sendero Luminoso para hacer venganza en la parte legal de las Fuerzas Armadas y, además, una persecución claramente definida. Están abusando de los militares que defendieron la democracia”, denunció Montoya.
Al respecto, Juan Rivero Lazo, general EP (r) y exdirector de inteligencia del Ejército Peruano, consideró que la ley “representa una esperanza de justicia tras décadas de lucha legal”.
