El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado señaló que este tipo de norma es propia de países autoritarios
El pasado sábado, la presidenta de la república Dina Boluarte presentó en la sede de la Dirincri el Decreto Legislativo N° 1605, que realiza modificaciones en 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal «con el fin de mejorar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público».
«Después de 19 años, la Policía recupera las facultades plenas de investigar los delitos en la etapa preliminar y lo hace sin afectar un ápice las atribuciones del Ministerio Público”, indicó la jefa de Estado.
«De esta manera, la PNP podrá realizar las diligencias de investigación urgentes o inaplazables que luego formarán parte de las diligencias preliminares de acuerdo al marco legal (…) De esta forma se están consolidando lo roles de la Policía y del Ministerio Público en relación al proceso penal», agregó.
Sin embargo, el decreto ha sido objeto de críticas por parte de ciertos sectores de la opinión pública, quienes sostienen que se están ampliando de manera innecesaria las facultades de la Policía, en perjuicio del Ministerio Público, y aumentando los riesgos para el debido proceso.
En relación a este tema, RPP entrevistó al exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, quien afirmó que este tipo de normativas son «características de países con tendencias autoritarias».
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¿Cuáles son los riesgos de la nueva norma?
Maldonado Paredes señaló que esta norma representa «un serio retroceso en los avances que el Perú ha logrado en los últimos años en términos de reforma del proceso penal».
«En los países desarrollados (…), menos en las dictaduras, la investigación la conduce y la dirige un Ministerio Público moderno, eficiente (…), no la Policía, que es un órgano que coadyuva a la investigación, pero el conocimiento jurídico técnico (…) no la tiene el cuerpo policial sino el Ministerio Público», indicó.
«Los países de la región de corte autoritario tanto de derecha como de izquierda (…) usan estos modelos donde se suprime o la presencia del Ministerio Público es ilusoria. Todo ello contradice el concepto de la debida diligencia que es pacífico, aceptado por la doctrina y la jurisprudencia de órganos internacionales de derechos humanos del mundo», agregó.
Maldonado expresó su pesar por la inclinación hacia medidas populistas en modelos democráticos híbridos, como menciona The Economist sobre el Perú. Afirmó que estas medidas dan una falsa sensación de acción, pero en realidad no son eficaces, ya que no se cree seriamente que el derecho penal, por sí solo, resuelva el grave problema de la criminalidad.
Maldonado destacó que la nueva norma podría resultar en la vulneración de los derechos humanos de la ciudadanía.
«En los casos en los que se investigue graves delitos como contra la vida, la integridad, incluso delitos conexos contra la propiedad, la extorsión (…) Todos los delitos que requieren una intervención rigurosa, pero a la vez prudente y razonable requieren de parámetros muy claros, y no marcos normativos ambiguos que dan lugar a una interpretación que puede resultar (…) en lesiones de derechos ciudadanos», aseveró.
Maldonado sugirió que las facultades podrían fortalecerse mediante el liderazgo del Ministerio Público en la intervención policial.
«La norma nos revela una fractura institucional en la relación ya difícil de construir en los últimos 30 años entre el Ministerio Público y la Policía (…) Todo esto se puede hacer, pero con un concepto diferente en el que el Ministerio Público esté reforzado, repotenciado, en su papel de dirección y supervisión de la acción policial», puntualizó.
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