Usan mismos argumentos por los que fue archivado juicio anterior
Luego de anunciar su candidatura presidencial para el 2026, Keiko Fujimori ha sido víctima de una nueva cacería fiscal. Esta vez por supuestamente usar irregularmente dinero recibido de la ONPE para el fortalecimiento de los partidos políticos y recibir fondos de fuentes no identificadas.
Esto último, reitera los argumentos usados en el juicio que fue anulado, tras papelón del fiscal Domingo Pérez.
Según un expediente fiscal la lideresa de Fuerza Popular está siendo investigada por el presunto delito de financiamiento ilícito de partidos políticos y presuntos aportes ilegales.
El documento, de 186 páginas, detalla el supuesto ingreso de dinero de origen desconocido a través de sobres y aportes no declarados. La fiscal sostiene que la organización liderada por Fujimori utilizó estructuras partidarias con el propósito de canalizar y legitimar estos fondos.
El objetivo del Ministerio Público, controlado por la izquierda caviar, es presentar una acusación en un plazo de seis meses contra los principales dirigentes de Fuerza Popular.
El expediente identifica a seis imputados en este caso: Keiko Fujimori, Miguel Ángel Torres, Luis Galarreta, Karina Beteta, Milagros Takayama y Lindman Miranda Zamalloa. Todos cumplen o han cumplido funciones directivas en la estructura de Fuerza Popular y, según el Ministerio Público, tuvieron acceso a la administración de los fondos cuestionados.
La fiscal Villar indica que el partido utilizó recursos públicos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para financiar la campaña de 2021. “Ha encontrado Villar que Fuerza Popular utilizó S/ 1.6 millones del dinero que recibió de la ONPE para la campaña electoral de Fujimori. Eso está prohibido. El dinero público es para fortalecer los partidos, no para pagar la carrera electoral de sus líderes”, detalla el expediente.
Además, se detectó una presunta recaudación de S/ 1 258 708 entre el 9 y el 30 de julio, ya concluida la campaña, monto que se destinó a acciones para desconocer la victoria de Pedro Castillo y sustentar recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Se atribuye a Keiko Fujimori haber tenido conocimiento, control y decisión directa sobre la captación, uso y disposición de estos recursos, los cuales fueron por decisión suya o bajo su dirección, para realizar pagos con apariencia legal y ocultar el verdadero origen del dinero”, expone la fiscal.
