Con la nueva Ley el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados tendrán facultades parciales y totales para aprobar reformas a sus respectivos reglamentos
El 15 de octubre, se oficializó en el diario El Peruano la promulgación de una ley de reforma constitucional que permite al Congreso elaborar y aprobar los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados, en línea con la reciente Ley 31988, restablecer la bicameralidad en el Perú. Esta ley, firmada en marzo por la presidenta Dina Boluarte, modifica 53 artículos de la Constitución para volver al sistema de dos cámaras legislativas.
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El documento detalla que el Congreso 2021-2026 está autorizado a crear y aprobar estos reglamentos, necesarios para el correcto funcionamiento de ambas cámaras. Según el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, las reglas son esenciales para la constitución, instalación y elección de la Mesa Directiva, permitiendo a las cámaras iniciar sus funciones.
Reglamentos del Senado y Cámara de Diputados
Cevasco explicó que los reglamentos deben abarcar todos los aspectos operativos, desde la instalación de cada cámara hasta el proceso legislativo y control político. Para el Senado, se incluirán normas sobre la designación de altos funcionarios y el tratamiento de propuestas legislativas enviadas por la Cámara de Diputados. En cuanto a esta última, se especificarán procesos como las interpelaciones y el control político.
Funciones y elecciones de ambas cámaras
La Cámara de Diputados conservará el sistema electoral vigente, donde cada diputado representará una región específica. En cambio, los senadores serán elegidos por un período de cinco años, con al menos un representante por cada circunscripción electoral, y el resto por distrito único nacional, sin importar la región de residencia.
El Senado tendrá competencias clave, como la ratificación de tratados internacionales, la elección de autoridades como el contralor general y el presidente del Banco Central de Reserva, y la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. También podrá remover a funcionarios acusados por la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Cámara de Diputados mantendrá la facultad de aprobar leyes, que luego serán revisadas por el Senado, y tendrá el poder de formular acusaciones contra altos funcionarios y realizar investigaciones sobre asuntos de interés público.
