Nueva ley en Francia permitiría activar de forma remota la cámara y el micrófono de personas bajo investigación
En medio de las protestas sociales contra el gobierno de Emmanuel Macron, el Parlamento francés aprobó en las últimas horas un proyecto de ley que permitirá a la policía, entre el período 2023-2027, acceder a distancia a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de aquellas personas que están bajo investigación de delitos castigados con al menos cinco años de cárcel.
La medida, fue votada por la Asamblea Nacional en el marco de un proyecto de ley más amplio para reformar la justicia.
Sólo queda esperar a que el Presidente de la República Francesa promulgue la ley en los próximos 156 días. Durante ese periodo, los parlamentarios que se oponen aún tienen la posibilidad de recurrir al Consejo Constitucional.
Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de ESET Latinoamérica, compañía Global de Soluciones de Software de Seguridad, explicó que las autoridades policiales puedan activar la cámara y el micrófono de un dispositivo móvil, y que el usuario tendría que instalar una aplicación y darle permisos a esa aplicación para poder tener control de cámara o micrófono. «En principio, el usuario debería aceptar instalar algo en su dispositivo porque no hay otra forma de que puedan tener acceso a cámara y micrófono», detalló.
Lee más:
Juez desacata orden de Corte Suprema y atenta contra el interés superior del niño
Eso quiere decir, las autoridades previamente tendrán que tener una autorización del usuario, lo cual es poco probable. Por lo tanto, Gutiérrez sostuvo que en tal caso el Congreso debería aprobar una ley o decreto “que dé esa orden a los operadores” de los teléfonos móviles.
El ministro de Justicia Eric Dupond-Moretti, ferviente impulsor de esta ley, indicó que esta medida sólo afectará a unas pocas decenas de casos al año.
Durante el debate celebrado el miércoles para dar luz verde a la ley, los políticos franceses añadieron una enmienda que exige la aprobación de un juez para cualquier vigilancia que se realice en el marco de esta nueva normativa. Además, el texto establece que el acceso a las cámaras y micrófonos durante la investigación en curso tendrá una vigencia de seis meses.
