Gerente del IIMP, insta a un enfoque integral del Estado para combatir la minería ilegal
La nueva Ley para la Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) busca evitar que la ilegalidad se infiltre en el proceso de formalización minera.
Según destacó Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El proyecto, aprobado por el Ejecutivo en noviembre pasado y enviado al Congreso para su debate, reemplazaría al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y representa un esfuerzo por ordenar un sector clave para la economía peruana.
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De Vinatea subrayó que la minería ilegal es un problema que trasciende al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y requiere una respuesta coordinada de todo el Estado.
“La informalidad es un desafío transversal en nuestra economía, y su impacto se refleja en la falta de presencia estatal en varias zonas del país, lo que incrementa la violencia y obliga a las empresas a contratar seguridad privada”, explicó.
Además, criticó que el Perú destine uno de los presupuestos más bajos a la fiscalización en comparación con otros países.
El gerente del IIMP también destacó la importancia de Perumin, el evento minero más importante de América Latina, que este año celebra su 70 aniversario.
Del 22 al 26 de setiembre, el encuentro reunirá a expertos y empresas del sector, con una participación récord que refleja el optimismo del sector.
“En solo un mes se vendieron todos los stands, lo que demuestra las grandes expectativas para el futuro”, afirmó.
Entre los invitados especiales destaca el expresidente argentino Mauricio Macri, quien será el orador principal, junto a otras personalidades de 11 países.
Además, Perumin 37 introducirá la “Alameda de la Academia”, un espacio dedicado a conectar el mundo académico con la industria minera, ofreciendo 24 espacios para universidades e institutos de investigación.
La nueva Ley MAPE y eventos como Perumin reflejan los esfuerzos por fortalecer la minería formal en el Perú, un sector que enfrenta desafíos como la ilegalidad y la informalidad, pero que sigue siendo clave para el desarrollo económico del país.
La implementación de esta ley, junto con una mayor fiscalización y coordinación estatal, podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la minería ilegal.
