Fiscalía de la Nación pone bajo la lupa colaboración por presuntas irregularidades

El proceso de colaboración eficaz de la empresaria Sada Goray, pieza clave en la red de corrupción que alcanzó al gobierno de Pedro Castillo, se encuentra en el ojo de la tormenta. El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha expresado su profunda preocupación por la forma en que el fiscal Cruyff Martínez Quispe está conduciendo la segunda colaboración de la empresaria, calificando los procedimientos de «sospechosos».

Según reveló Gálvez, su despacho ha recibido al menos diez quejas de diversos abogados defensores contra el fiscal Martínez Quispe. Las acusaciones apuntan a una presunta celeridad injustificada para otorgar beneficios a Goray sin haber agotado las diligencias mínimas.

«El fiscal no ha corroborado debidamente y ya está concediendo el beneficio. Ha cerrado el caso para darle la colaboración sin agotar la investigación», señaló el titular del Ministerio Público, enfatizando que estas acciones alimentan la sospecha de una posible interferencia o irregularidad.

Entre los puntos más críticos mencionados por el Fiscal de la Nación se encuentran: Bloqueo a la defensa: Se reportó un incidente en el que el fiscal a cargo no permitió la participación del abogado de Goray, trasladado desde Lima, durante una diligencia clave, contraviniendo los procedimientos legales establecidos.

Versiones contradictorias: Gálvez alertó que la empresaria ha cambiado su declaración en múltiples ocasiones. «Es necesario saber con qué versión se le está otorgando la colaboración, dado que sus relatos actuales resultan inverosímiles», sostuvo.

Falta de homologación: El proceso aún no ha sido validado por el Poder Judicial. En ese sentido, Gálvez instó al juez Wilson Verástegui a analizar al detalle el expediente antes de proceder con cualquier homologación.

Ante este escenario, la Fiscalía de la Nación adelantó que se adoptarán medidas disciplinarias y correctivas. «Desde la Fiscalía de la Nación tenemos que adoptar medidas porque no se puede llevar un caso en contra de los procedimientos», sentenció Gálvez.

La situación pone en jaque la credibilidad de uno de los casos de corrupción más emblemáticos del último año, mientras se evalúa si el fiscal Martínez Quispe actuó bajo presiones externas o negligencia procesal.