Por: Pablo Carranza

 

Un nuevo escándalo involucra al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares), entidad del Ministerio de Salud, debido a una serie de contratos millonarios adjudicados sin el debido proceso de licitación pública.

Desde que Juan Carlos Castillo asumió la dirección de esta entidad, en mayo de 2024, se estarían repitiendo varias prácticas de contratación directa que han generado serias dudas sobre la transparencia de sus operaciones.

Gestión de Juan Carlos Castillo en la dirección de Cenares en la mira.

Más de 12 millones de soles habrían sido entregados a empresas como Atop Express SAC y Hanay SRL sin seguir los procedimientos legales establecidos para las adquisiciones públicas.

La normativa peruana es clara: todas las compras estatales superiores a 9 UIT deben realizarse mediante concursos públicos o licitaciones. Es decir, si la UIT está establecida en 5,150 soles, cualquier contrato superior a 46,350 soles debería haber pasado por un proceso competitivo. Sin embargo, durante la gestión de Castillo, estas normas parecen haber sido sistemáticamente ignoradas, favoreciendo la adjudicación directa de contratos millonarios.

Una de las empresas más beneficiadas con esta modalidad es Atop Express SAC, dedicada a la distribución de sueros y vacunas a diversos centros de vacunación.

 

MILLONES

En 2024, esta compañía recibió contratos por más de 2 millones de soles, y en 2025, 1.9 millones adicionales, todos otorgados a través de la adjudicación directa.

La administración de Castillo Díaz justifica estas contrataciones con la alegada urgencia de los servicios, pero lo que sorprende es la falta de planificación de procesos competitivos que hubieran permitido obtener mejores condiciones para el Estado. Para ello, se recurrió a adendas sobre contratos que ya no estaban vigentes desde 2022, lo que evidenciaría la intención de evitar la competencia y mantener un proceso cerrado.

 

OTRO CASO

El caso más grave es el de Hanay SRL, una empresa contratada para el almacenamiento de vacunas por un monto superior a 12 millones de soles. Este contrato, de acuerdo con la magnitud del proyecto, debió haber sido adjudicado a través de una licitación pública, pero en su lugar, fue otorgado por adjudicación directa.

La cronología de eventos plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso: el 3 de febrero de 2025, Francisco Torres Espinoza, gerente general de Hanay SRL, se reunió con el director de Cenares, Juan Carlos Castillo. Apenas 21 días después, el 24 de febrero, la resolución directoral 165-2025 adjudicó el contrato millonario a la empresa de Torres, sin ningún proceso de licitación ni competencia entre otros proveedores.

Este patrón de adjudicaciones directas, que se repite a lo largo de diversas contrataciones en el sector, apunta a un direccionamiento intencional de compras para evitar los mecanismos de licitación pública y, con ello, la competencia abierta. Esta práctica contraviene la normativa de contrataciones del Estado y reduce las posibilidades de obtener precios más competitivos y condiciones contractuales favorables para el Estado.

 

URGENCIA

Una constante en la justificación de estas compras directas es el argumento de la “urgencia”. Sin embargo, los servicios de distribución y almacenamiento de vacunas, tal como lo señala la legislación, son actividades que deben ser previstas y planificadas anualmente. Es decir, no son emergencias que deban resolverse de manera inmediata, lo que hace aún más sospechoso el uso reiterado de este pretexto. Además, la normativa vigente establece que las contrataciones por urgencia deben ser excepcionales, no la norma. El fraccionamiento de compras en montos menores a la cifra que obliga a una licitación solo sirve para evadir la transparencia y competencia de los procesos regulares de contratación.

Las irregularidades en Cenares no solo afectan la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, sino que también abren la puerta a un sistema de contrataciones opaco, donde unos pocos proveedores tienen acceso privilegiado a millonarios contratos sin competencia. Esto plantea un serio cuestionamiento sobre el papel de las autoridades en la toma de decisiones y la planificación de los procesos de contratación.

 

INDAGACIÓN

El escenario que se está presentando en Cenares exige una investigación exhaustiva sobre los criterios utilizados para justificar las compras directas y el fraccionamiento de contratos.

Las autoridades competentes deben determinar si efectivamente existió un propósito de eludir los procesos de licitación pública y si se está vulnerando la normativa que busca asegurar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos del Estado. Además, resulta fundamental analizar por qué la institución persiste en adjudicar contratos sin licitación, a pesar de que la legislación establece procedimientos claros para este tipo de contrataciones.