El nuevo estado de excepción en Ecuador es un paso audaz
En un esfuerzo por consolidar la paz en Ecuador y enfrentar las crecientes amenazas del narcotráfico, el presidente Daniel Noboa ha declarado un nuevo estado de excepción en siete provincias de la costa y del Amazonas. Esta medida marca la «segunda etapa de la guerra» contra las bandas criminales que se han atrincherado en estas regiones ante la ofensiva militar.
El presidente Noboa explicó que, tras cinco meses de intensas operaciones militares, se ha logrado una significativa reducción de la violencia en el país. Sin embargo, las bandas delictivas han adaptado sus tácticas, concentrando su presencia en áreas específicas. «En cinco meses logramos devolverle la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han atrincherado y resguardado en siete provincias», afirmó Noboa.
La decisión fue respaldada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, cuyos miembros se reunieron con el presidente en el Palacio de Carondelet, en Quito. La medida busca permitir una mayor libertad de acción a las fuerzas militares para enfrentar a los delincuentes y terroristas que, según Noboa, se amparan en la inviolabilidad del domicilio para escapar de la justicia.
A pesar de los objetivos declarados, la implementación del estado de excepción ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) envió una carta a Noboa advirtiendo sobre «serias violaciones de derechos humanos» por parte de la policía y el ejército durante el «conflicto armado interno» decretado en enero. Según HRW, ha habido detenciones arbitrarias y al menos un caso de ejecución extrajudicial, como el del joven Carlos Javier Vega, asesinado en febrero en Guayaquil durante un control callejero.
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El gobierno ecuatoriano señala a bandas como Los Choneros y Los Lobos, que han establecido alianzas con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, como los principales responsables de la violencia. Estas organizaciones han aprovechado la ubicación estratégica de Ecuador, que se encuentra entre los principales países productores de cocaína como Colombia, Perú y Bolivia, para convertirlo en un centro neurálgico del narcotráfico en América.
Aunque Noboa insiste en que «no podemos perder lo que hemos ganado», su popularidad ha sufrido un golpe. La aprobación de medidas de seguridad en el referéndum y la consulta popular del mes pasado no ha sido suficiente para contrarrestar el descontento generado por la subida del IVA y los recientes apagones eléctricos provocados por el fenómeno de El Niño. Estos factores han mermado el apoyo popular al presidente.
A pesar de las críticas internas e internacionales, algunas acciones controvertidas del gobierno no han tenido el impacto negativo esperado. El asalto por la fuerza de la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente revolucionario Jorge Glas, por ejemplo, no ha afectado significativamente la popularidad de Noboa dentro del país.
El nuevo estado de excepción en Ecuador es un paso audaz en la lucha contra el narcotráfico, reflejando tanto los desafíos como las controversias que enfrenta el gobierno de Daniel Noboa. Mientras busca consolidar la paz y fortalecer la seguridad, Noboa debe equilibrar las acciones militares con el respeto a los derechos humanos y mantener el apoyo popular para llevar a cabo su ambicioso plan de seguridad. La situación en Ecuador sigue siendo tensa y el éxito de esta nueva etapa dependerá de la efectividad de las medidas implementadas y de la respuesta de la comunidad internacional.
