Nuevo revés judicial para Pedro Castillo

Pj rechaza recurso que buscaba anular denuncia constitucional

Pj rechaza recurso que buscaba anular denuncia constitucional

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la tutela de derechos que interpuso la defensa del presidente Pedro Castillo para anular la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

A través de una resolución se dio a conocer la decisión que tomó el juez Juan Carlos Checkley, en el marco de la denuncia contra Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

“Se resuelve declarar improcedente la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa técnica del señor José Pedro Castillo Terrones, interpuesta en la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en el marco de una organización criminal”, se lee en el documento.

En ese sentido, el juez Checkley sostuvo que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejar sin efecto una denuncia constitucional, pues la calificación y evaluación corresponde a los órganos competentes del Congreso de la República.

Además, el magistrado señaló que en la Resolución N° 4, expedida por su despacho el 22 de junio de 2022, no hay un mandato que ordene a la Fiscalía de la Nación abstenerse de formular denuncia constitucional contra el jefe de Estado ante el Poder legislativo.

Como se recuerda, el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, solicitó al Poder Judicial que declare la nulidad o deje sin efecto la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía de la Nación contra su defendido ante el Congreso.

Espinoza explicó que el pedido buscaba que se convoque a una audiencia para debatir con el Ministerio Público si la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respeta o no la tutela judicial efectiva dada por el juez supremo Juan Carlos Checkley en el caso puente Tarata.


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