Tras denuncia de estar otorgando medidas cautelares sin tener competencia, señala organismo
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), jefaturada por el juez supremo titular Ulises Yaya Zumaeta, abrió investigación preliminar contra el magistrado Pedro Juan Guerra Mescua, juez provisional del Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho, Chosica y Chaclacayo de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, luego de advertir en publicaciones periodísticas que su despacho estaría otorgando medidas cautelares en procesos de amparo que no corresponderían a su competencia territorial.
La investigación preliminar en contra del referido juez está a cargo de la magistrada de primera instancia e integrante de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, Miriam Malqui Moscoso, quien tiene un plazo de treinta días hábiles para que emita informe final correspondiente.
Indagación busca reunir elementos de convicción de la comisión de infracciones disciplinarias, señala.
Asimismo, debido a la conducta disfuncional denunciada contra Guerra Mescua, la magistrada Malqui Moscoso recopilará indicios y pruebas suficientes de presuntas infracciones disciplinarias cometidas por él, lo que permitirá determinar si es necesario iniciar un procedimiento administrativo disciplinario.
Cabe destacar que la OCMA, como órgano encargado de supervisar la conducta de los magistrados, ha tomado esta acción con el objetivo de garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de la función judicial.
Es importante señalar que el órgano disciplinario del Poder Judicial actúa de manera independiente y objetiva en el cumplimiento de su labor, velando por el respeto a los principios de imparcialidad y legalidad.
EL CASO
El juez provisional del Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo, Juez Pedro Juan Guerra Mescua afronta una grave acusación de presuntos actos de corrupción realizada por los acreedores laborales de Agropucalá, José Patricio Burga Peralta y Roberto Carlos Cabrejos Alarcón.
Se le cuestiona por haber admitido con inusitada celeridad una demanda de amparo y otorgar una medida cautelar que benefician al cuestionado abogado Edmundo Gálvez Rodríguez, en la disputa por la administración de la azucarera Agropucalá SAA de Lambayeque, sin ser competente para conocer el proceso.
