Martin Belaunde M
Por: Martín Belaunde Moreyra
Las recientes declaraciones de Marcelo Odebrecht lo revelan como un testigo no confiable. Se dirá con razón que ese criterio es aplicable a todos los que hubieren sido mencionados por él. Si Keiko niega haber recibido US$ 500,000 como segundo tramo de una contribución electoral anterior, esa negativa tiene exactamente el mismo valor de la que acaba de hacer públicamente PPK, rechazando haberle prestado servicios como consultor financiero.
Ambas negativas deben ser medidas con la misma vara. O se acepta el testimonio de Marcelo Odebrecht como creíble para fines probatorios, o se le atribuye un valor relativo que obviamente merece ser comprobado por otros medios. Y en estos casos la última palabra la tiene el funcionario Jorge Barata, convertido en el depositario de los secretos financieros de Odebrecht respecto de los sobornos. En otras palabras, todos los caminos conducen a Jorge Barata para corroborar las afirmaciones de su jefe. Entonces, ¿lo que eventualmente diga Jorge Barata, si continúa como colaborador eficaz, sería la última palabra para creerle o no a Marcelo Odebrecht? Curioso caso del muñeco que responde por el ventrílocuo.
Lo mismo cabe decir de sus declaraciones sobre Alan García y el misterio develado acerca de la misteriosa sigla AG, que en un caso sería la constructora brasileña Andrade Gutiérrez y en otro el ex presidente. Con el agregado que, conforme al testimonio de Marcelo Odebrecht, fue alentado por Alan García para presentarse en el proyecto del Gasoducto del Sur, sin ninguna alusión al pago de dinero es cierto. No obstante, podría inferirse una relación inapropiada entre el presidente y Odebrecht para que participe en un millonario proyecto, en el cual la neutralidad del jefe de Estado es fundamental.
¿Qué valor tiene la prueba testimonial? Sin duda constituye un indicio para profundizar las investigaciones pero no es concluyente por sí misma, salvo que existan múltiples testimonios de distintas personas coincidentes en la revelación de un hecho bajo ángulos diferentes. Eso puede darse en situaciones de flagrancia, pero definitivamente no en las investigaciones sobre los sobornos. Estas requieren de la comprobación material de los desembolsos efectuados a través de los medios bancarios en Andorra y otros paraísos fiscales.
Sin embargo su efecto sobre la opinión pública es devastador, porque refuerza la impresión general que toda la clase política se vendió a las constructoras brasileñas, para beneficiarlas indebidamente a costa del Estado y del bolsillo de los peruanos. Esta impresión no va a ser corregida con argumentos jurídico-procesales, al margen que sean esenciales para que los acusados sean absueltos o condenados. Además, dificulta la contratación de obras públicas para la reconstrucción de los daños del Niño Costero o para cualquier otro fin. El Estado no debe paralizarse y eso demandará un gran esfuerzo de voluntad de quienes integran el gobierno, PPK a la cabeza. He ahí su mayor desafío.
Entonces, ¿qué hacer? En estas circunstancias debemos superar el síndrome Odebrecht, sin pasarla por aguas tibias, ni a las demás las empresas constructoras involucradas en los sobornos. Esto significa en pocas palabras, enjuiciar a las personas y directivos responsables, pero tomar las medidas necesarias para que las obras a cargo de dichas empresas terminen, evitando que el país no se perjudique más por este festín de corrupción.
