Constructora corrupta hizo faenón en la Fiscalía
La comisión investigadora encargada de indagar los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Equipo Lava Jato y la empresa corrupta Odebrecht recibió testimonios que revelan la existencia de presiones de la constructora brasileña para la firma de este documento lesivo para el país.
El fiscal Hamilton Castro Trigoso, excoordinador del Equipo Especial de Fiscales que se abocan al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, brindó declaraciones en torno a su participación en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito por la empresa constructora Norberto Odebrecht.
El funcionario detalló que dentro de las negociaciones con Odebrecht existieron algunas discrepancias. “Se tenía la exigencia del pedido reiterado de los abogados y representantes de la empresa Odebrecht de cerrar cuanto antes el acuerdo de colaboración”.
Agregó que ellos no podían hacerlo en ese momento pues no habían terminado de corroborar la información, pues mucha de ella estaba en cuentas bancarias en países a los que ya se habían cursado cartas con la finalidad de tener asistencia de cooperación internacional, “dentro del concepto que nosotros manejamos sobre una colaboración realmente eficaz, no podíamos cerrar el acuerdo de colaboración en ese momento”.
Lee también:
Vitocho García Belaunde: “Si vacan a Boluarte, asumiría un discípulo de César Acuña”
Informó también que era importante definir, cuál era el beneficio que les correspondería, no solamente a la empresa, sino también a los colaboradores eficaces quienes bajo el concepto del equipo, no les correspondía una extensión de la pena.
“Pero la exigencia de la empresa Odebrecht era que así debía ser. Sin embargo, luego el Fiscal de la Nación, Gonzalo Chavarry, -sin analiza la información que él tenía a la mano- desarticuló un equipo especial que venía trabajando bien, dentro de los plazos totalmente vigente, y con una proyección muy importante de formular acusación”, expresó Castro Trigoso.
Cabe señalar que gracias al acuerdo secreto donde participaron los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, la empresa corrupta pudo vender sus activos entre ellas la central hidroeléctrica de Chaglla por más de 1,400 millones de dólares y el Estado pudo devolver más de 524 millones de soles que estaban retenidos como parte del pago de reparación civil, entre otros beneficios a favor de Odebrecht y en contra de los intereses del Estado Peruano. Lo peor es que la empresa corrupta no ha entregado pruebas de las que se comprometió y sus exdirectivos se niegan a declarar ante la justicia peruana.
Por su parte, el exprocurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Amado Enco Tirado, señaló que se incorporó a la Procuraduría el 13 de diciembre del 2016, y pocos días después el Perú “tuvo conocimiento de una delación premiada que realizó la empresa Odebrecht ante las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.
Con ella, “el Perú accedió a una información que, de manera muy general, la empresa daba cuenta de una serie de actos delictivos que había cometido en diferentes partes del mundo”.
Estas acciones, indicó, generaron perjuicios económicos incalculables y, respecto al Perú, se reconoció que incurrió “en acciones delictivas relacionadas con el financiamiento de campañas políticas y el pago de sobornos importantes para acceder a licitaciones o contratos públicos de obras de gran envergadura en nuestro país”. Todo ello entre los años 2004 y 2015.
Esta información, continuó, permitió a la Procuraduría Anticorrupción activar los mecanismos de defensa jurídica del Estado en dos instancias: una, de corte administrativo, con el pedido de financiamiento para fortalecer el asesoramiento en diversos temas; y, por otro lado, se presentaron los primeros pedidos de actos de investigación al Ministerio Público.
