Por Phillip Butters
Sergio Nogueira Panicali, era el secretario general, léase gerente general, de Conirsa, que es para motivos de hecho el consorcio entre Odebrecht, JJ Camet, Iccgsa y Graña & Montero, las cuatro empresas del Club de la Construcción que pagaron una coima de US$ 45 millones a Alejandro Toledo y a los funcionarios de su gobierno.
Este ilícito compromete al expresidente, receptor de una primera parte de US$ 20 millones; Josef Maiman, a quien le dieron US$ 10 millones y por supuesto a Pedro Pablo Kuczynski quien fue su primer ministro y ministro de Economía. También está involucrados Fernando Zavala Lombardi, que fue también titular del MEF en el gobierno de Toledo.
Pero no solo ellos, también están comprometidos los funcionarios de Proinversión que dieron luz verde para tamaño despropósito donde Odebrecht, que en ese momento tenía litigio pendiente con el Estado, pueda contratar con éste. Para colmo de males, liberaron del SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, para que nos vendiera lo que yo tantas veces he descrito como un ‘traje de astronauta’.
Una empresa que fue tan desgraciada y miserable, que además de coimear al presidente y a sus principales funcionarios, según sabemos, nos entregó una obra que hoy simplemente después de tantos años que han pasado, solamente puede registrar como beneficio que un carro pase por ahí cada 45 minutos y que el Estado peruano tenga que estar pagando el costo del mantenimiento de esa obra. Dentro de unos 10 o 15 años ese proyecto le debe haber costado al Estado y a todos los peruanos fácilmente US$ 7 mil millones, un asalto a mano armada.
No obstante, los señores de Odebrecht van a seguir lucrando con esa concesión, pese a haber firmado un acuerdo ‘mamarrachiento’ que supuestamente tiene que ser verificado por una jueza, quien no ha dicho esta boca es mía, lo mismo que la señora Zoraida Ávalos, la ya conocida Shakira, porque está ciega, sorda y muda, y muchísimo menos ha dicho algo la Junta de Fiscales Supremos en donde está Víctor Rodríguez Monteza, Pedro Gonzalo Chávarry, Tomás Aladino Gálvez, quienes deberían decir ‘esta boca es mía’. Son cinco fiscales supremos que no han dicho nada. Por supuesto Pablo Sánchez es el más mudo de todos, aunque claro todos ellos razones tendrán, millones de razones para quedarse callados ante tamaño despropósito.
Yo digo que llueve sobre mojado. No solamente se le termina de lapidar al gobierno de Toledo y sus ayudantes, sino que Conirsa es una empresa que tenía entre sus asociados a la empresa CyM Vizcarra, sí la empresa del actual presidente de la República del Perú, cosa que no lo hace directamente responsable del otorgamiento de una coima, pero si una mácula más a su ya sinuoso caminar y sus vínculos con las empresas del Club de la Construcción.
En el colmo de la desfachatez, la actual administración de Graña & Montero ha negado – como lo ha afirmado ciertamente la gente de Odebrecht – que ellos tuviesen absoluto conocimiento de la coima. Como ustedes saben ya han estado presos los señores Graña Miroquesada y Graña Acuña como consecuencia de la información que se hizo pública respecto a que ellos habían puesto su ‘alita’, es decir que habían cedido utilidades de la Interoceánica a favor de Odebrecht, para hacer la famosa ‘chanchita’ para la coima de Alejandro Toledo, una cabal vergüenza. Sin embargo, con la cara de palo que los caracteriza, han firmado un comunicado el día de ayer diciendo que ellos no conocen nada de eso, en buen romance que no saben ni conocen, en conclusión, se hacen los locos.
Este es precisamente el talante de Odebrecht cuando le pregunten si ha habido coimas por el Gaseoducto, Chaglla, Vías Nuevas de Lima o por la desgracia de Olmos. Una de las cosas que debería ser imprescindible es que la Junta de Fiscales se pronuncie sobre la manera que se ha llevado a cabo el acuerdo. Por supuesto algo que debe pasar, es que Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez den cuenta de lo que han hecho. Es muy probable que en los próximos días la Junta de Fiscales los siente, y antes de que recurran al Poder Judicial, deberán explicar de dónde sale la supuesta iliquidez o quiebra de Graña & Montero, de dónde sale la valoración de las obras y cómo es posible que pudiendo ellos anular la venta de Vías Nuevas de Lima y verificar la real venta de Chaglla no hayan hecho nada al respecto. Se van a perpetuar los robos, nos ven la cara de tonto ante vista y paciencia de un Poder Judicial que va delegar en una jueza tamaña responsabilidad, es recontracomplicado. Hasta el momento nadie dice cuál es el sustento técnico y económico para soportar que nos sigan robando, una vergüenza el acuerdo y el silencio de la Junta de Fiscales.
Necesitamos que el Poder Judicial esté a la altura de la circunstancia y sepa defender los reales intereses del Perú, porque Vizcarra, como es obvio después de lo de Cornirsa, se va a quedar calladito, sentadito hablando bajito.
Entre otras cosas, cómo es posible que no hayan pedido los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba la anulación de la venta del 50% de Vías Nuevas de Lima y que la propia Graña & Montero haya podido vender su edificio principal ¿Dónde estuvieron? ¿Pintados en la pared? ¿Dónde estuvo el que era en ese momento fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? ¿También pintado en la pared? ¿Van a seguir pintados en la pared la señora Soraida Ávalos y la Junta de Fiscales Supremos? Es evidente que se necesita un fiscal de la Nación oleado y sacramentado, titular y no una transitoria como la señora ‘Shakira’.
