La constructora Odebrecht está a punto de ganar la demanda contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la cancelación del Gasoducto Sur, obra llena de actos de corrupción, ello debido a que en el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña no hubo un candado que evite a la firma corrupta denunciar al Estado peruano por 1,200 millones de dólares.
Odebrecht argumentó que busca recuperar parte de la inversión realizada en el proyecto gasífero y exige el pago de una millonaria compensación, bajo el argumento de que el Perú violó sus obligaciones contractuales.
Y para agravar las cosas, hace unas semanas y en vísperas de Navidad y Año Nuevo, el CIADI falló en contra del Estado peruano en el arbitraje al que fue llevado por Enagás, socia de Odebrecht, por la cancelada construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), en el 2017. Vale decir, es inminente un fallo a favor de la constructora brasileña, ya que por el mismo tema su socia Enagas ya ganó la millonaria demanda
Como se recuerda, fue a inicios de 2017 cuando el Gobierno peruano rescindió la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al consorcio de Enagás, Graña y Montero, y Odebrecht por los casos de corrupción que involucraban a esta última.
De acuerdo con una comunicación remitida por Enagás al mercado de valores europeo hace unas semanas, el Ciadi falló a su favor y recibirá un pago por parte del Perú.
“El CIADI da la razón a Enagás y condena a Perú a pagar a la Compañía US$194 millones (principal más intereses) en el procedimiento arbitral relativo a su inversión en GSP (Caso CIADI No. ARB/18/26) por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República del Perú y el Reino de España (”APPRI Perú-España”)”, se lee en el documento.
En una segunda parte, el Ciadi también se refirió al impedimento a Enagás sobre la repatriación de sus dividendos dentro del proyecto Transportadora de Gas del Perú (“TGP”). Esto fue considerado como una “violación”. Se calcula que el monto bordea los 400 millones de euros.
“El Tribunal considera también que la inclusión de Enagás Internacional en la categoría 2 de la Ley 30737, que impide a la Sociedad la repatriación de los dividendos de su participada Transportadora de Gas del Perú (“TGP”), constituye una violación del APPRI España-Perú”, complementa el texto.
Por último, y también precisado en el documento, se informa que el área legal de la empresa española se encuentra analizando el laudo en detalle para tomar eventuales mayores acciones.
