El Mininter activó la recompensa luego de que el Poder Judicial ratificara la condena de 32 años contra Vilma Zeña Santamaría por trata de personas y esclavitud laboral, en el primer precedente judicial firme por este delito en el Perú.
El Ministerio del Interior (Mininter) anunció una recompensa de S/50 mil por información que permita la captura de Vilma Zeña Santamaría, sentenciada a 32 años de prisión por trata de personas y esclavitud laboral en el Caso Nicolini. La medida se adoptó tras la ratificación definitiva del fallo judicial, que marca un hito en la jurisprudencia nacional sobre este delito.
Recompensa por información y situación actual del caso
El Mininter precisó que la recompensa será entregada a quien brinde datos verificados que conduzcan a la ubicación y detención de Vilma Zeña Santamaría, quien permanece prófuga de la justicia. La institución exhortó a la ciudadanía a colaborar a través de los canales oficiales de denuncia, garantizando confidencialidad a los informantes.
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Mientras tanto, su esposo, Johnny Coico Sirlopú, cumple condena efectiva por los mismos hechos, luego de que el Poder Judicial confirmara su responsabilidad penal en el proceso.
Origen del proceso: el incendio de la galería Nicolini
El caso se inició a partir del incendio registrado en 2017 en la galería Nicolini, en el Cercado de Lima, donde dos trabajadores fallecieron al quedar encerrados en un contenedor metálico. Las investigaciones posteriores establecieron que las víctimas laboraban en condiciones de explotación, con jornadas prolongadas, restricciones de libertad y pagos mínimos.
Las pericias y testimonios recopilados por el Ministerio Público sustentaron la imputación contra Vilma Zeña Santamaría, al acreditarse su participación en un esquema de trabajo forzoso dentro del establecimiento comercial.
Sentencia, reparaciones civiles y alcance del fallo
La sentencia firme contra Vilma Zeña Santamaría no solo impone 32 años de prisión, sino que también fija reparaciones civiles a favor de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes. Hasta el momento, el cumplimiento de estas indemnizaciones sigue pendiente.
Especialistas en derecho penal han señalado que el fallo constituye el primer precedente judicial firme en el país por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, lo que refuerza el marco legal para futuros casos similares.
