Marcha convocada por transportistas para exigir seguridad para el 6 de febrero.
Desde agosto de 2024, se han registrado al menos 35 ataques con armas de fuego y explosivos contra conductores y vehículos del transporte público en Lima. En promedio, estos incidentes ocurren casi seis veces por mes y son atribuidos a organizaciones criminales.
Se han reportado atentados en varios distritos de la capital, como San Juan de Lurigancho, Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, lo que ha generado creciente inseguridad tanto entre transportistas como pasajeros. Según un análisis reciente, septiembre ha sido el mes con el mayor número de ataques, con un total de 10. En agosto se registraron 6, en octubre 4, en noviembre 7, en diciembre 4 y en enero 4. Ante este panorama, diversas agrupaciones del sector transporte han decidido convocar a una marcha el jueves 6 de febrero para exigir medidas concretas contra la violencia.
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha señalado que cerca del 80% de los conductores son víctimas de amenazas y extorsiones. Debido a esta situación, considera que un paro nacional es necesario. Sin embargo, otras entidades del sector, como la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao y la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, han manifestado que es prematuro tomar esta medida, ya que aún no se han identificado responsables directos de los atentados.
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Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte, sostuvo que antes de cualquier acción se debe evaluar la responsabilidad de diversas instituciones, como el Gobierno, el Congreso, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el INPE. En tanto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha rechazado la posibilidad de un paro y ha llamado a la unidad entre trabajadores, autoridades y demás actores sociales para enfrentar el problema.
Los datos oficiales reflejan un alarmante incremento en los casos de extorsión en los últimos años. En 2024, el Ministerio del Interior registró 21,831 denuncias por este delito, superando las 19,947 de 2023 y las 14,209 de 2022. En 2021, la cifra era considerablemente menor, con solo 3,885 casos.
Este aumento evidencia una grave crisis de seguridad que afecta directamente al transporte público, dejando en incertidumbre a quienes dependen de este servicio para sus actividades diarias.
