Van alrededor de 180 conflictos sociales
Médicos y profesores incendiarían las calles en las próximas semanas.
No todo es color de rosa para el Gobierno. A menos de un mes de haber asumido la Presidencia de la República, Martín Vizcarra se enfrenta a un escenario peligroso, que puede hacer temblar su gestión y a su nuevo Gabinete, liderado por César Villanueva.
Y es que los conflictos sociales que tiene que enfrentar el novel mandatario no dejan mucho tiempo al análisis o a cambiar de estrategia, pues podría ser muy tarde si es que estos se agudizan, como suele suceder cuando ingresa un nuevo inquilino a Palacio de Gobierno.
Hablando de los más recientes y que pueden explotar en cualquier momento, está el gremio magisterial. El paro de profesores que promovió hace unos días el dirigente Pedro Castillo –y que se acató parcialmente en el interior– podría llegar a mayores en los próximos días, pues más representantes del Sutep han advertido al Gobierno sobre una huelga indefinida si no hacen caso a sus reclamos.
El panorama en las calles podría asemejarse al del año pasado, con días y días de protestas, gases lacrimógenos y, lo peor, la pérdida de clases de nuestros niños y adolescentes, que muchas veces son irrecuperables.
Frente a ello, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, hizo un llamado a los maestros a seguir trabajando por el Perú, tras enfatizar que el futuro de los escolares de todo el país es una responsabilidad compartida. Pero, ¿le harán caso?
Otro sector que en los próximos días podría estar movilizándose en las calles es el médico. Pese a que los trabajadores de la salud de EsSalud levantaron su medida de fuerza hace poco, los demás galenos –principalmente del sector Salud– preparan un pliego de exigencias al gobierno de Vizcarra, que incluye las mejoras salariales. De no cumplirse, estos tomarían radicales medidas.
EN EL INTERIOR
Pero tal vez la principal amenaza para el jefe de Estado y su Gabinete está en el interior, donde –además de las justas exigencias de distintos sectores– se suma los radicales antisistema que siempre aprovechan estos disgustos sociales para hacer de las suyas.
Es preocupante que el número de conflictos continúe en aumento ya que esto hace crecer la incertidumbre respecto a las inversiones en nuestro país, considerando los proyectos que se encuentran paralizados por el factor social como son Conga y Tía María.
Pero la Defensoría del Pueblo ha localizado otros problemas serios en el sur peruano, en los departamentos de Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Apurímac y Moquegua. La mayoría de estas controversias están referidas a la oposición de las comunidades nativas por la instalación de inversiones que pretenden la explotación de recursos naturales esencialmente minerales.
En Puno el panorama también es preocupante, pues la población exige la descontaminación del lago Titicaca, esto luego que el expresidente Kuczynski prometiera la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, que hasta ahora no se cumple.
No hay que olvidar que en la Amazonía se mantiene el antiguo reclamo de las comunidades indígenas para que se atienda la severa contaminación ambiental provocada por la actividad petrolera, que durante décadas permanece en la misma situación.
Asimismo, los pueblos de las cuencas loretanas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón continúan exigiendo remediación ambiental, atención médica y resarcimiento, pues fueron víctimas de severos derrames de petróleo en Chiriaco (Amazonas) y Cuninico (Loreto), de los que aún no se recuperan en su totalidad.
¿HAY SOLUCIÓN?
Para Walter Gonzales, Gerente de Supervisión de Gema SAC, empresa entidad calificada para realizar estudios de impacto ambiental (EIAs) para el sector de energía y minas, transporte y comunicaciones, industria, entre otras, existen algunos puntos que el Gobierno debe tomar en cuenta para hacer frente a estos conflictos, si es que no quiere que se agudicen.
Dijo, por ejemplo, que se debe buscar que las poblaciones vulnerables puedan acceder a información y ser partícipes durante todo el proceso de desarrollo de proyectos extractivos lo que les permitirá garantizar el derecho a lograr un medio ambiente sano y sostenible.
Tratar de cambiar la percepción de la población respecto a que toda actividad extractiva es negativa, implementar mecanismos de comunicación válidos y que sean legitimizados por todos los stakeholder, y mejorar el conocimiento del proyecto por parte de la población a través de talleres informativos y audiencias públicas.
Asimismo, buscar la participación constante de la población durante todas las etapas del desarrollo del proyecto, mantener activo el monitoreo comunitario y facilitar todas las herramientas y hacerlas participes a las empresas comunales como parte de los proveedores.
“La empresa privada tendrá la oportunidad de demostrar a la población que sus actividades se basan en generar un valor económico, social y ambiental”, dijo a La Razón.
