La Fiscalía presentó al Poder Judicial la lista completa de las 29 personas y 14 empresas acusadas de manipular licitaciones millonarias del Estado a su favor. En el marco de las investigaciones sobre el caso Club de la Construcción por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho, colusión agravada y lavado de dinero, el fiscal Germán Juárez Atoche incluyó en la acusación al expresidente Ollanta Humala, por el que se pide 13 años de cárcel porque, supuestamente, habría recibido sobornos. En total se pagaron más de S/ 46 millones en coimas.

De acuerdo con la fiscalía, el Club de la Construcción operaba como una red de empresas constructoras nacionales y extranjeras que se adjudicaban contratos de obras públicas de manera irregular mediante la manipulación de licitaciones que convocaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En estas, los involucrados acordaban previamente cuál resultaría beneficiada, mientras que el resto simulaba competir por la buena pro. Asimismo, se realizaban pagos indebidos a funcionarios públicos para asegurar la adjudicación.

La organización, dice la Fiscalía, se estructuró en tres componentes: 1) Empresarios y empresas privadas, entre las que aparecían como líderes Cosapi, ICCGSA y Obrainsa. 2) Intermediarios que participaban en la toma de acuerdos generales y canalización de pagos a funcionarios públicos. 3) Funcionarios públicos, con reparto de roles según el ámbito administrativo de su competencia; esto es, alto nivel administrativo y funcionarios de Provías.

De acuerdo con la acusación que el fiscal Germán Juárez Atoche presentó al Poder Judicial, 14 empresas son señaladas de haber alcanzado los fines de la organización criminal «Club de la Construcción» mediante la adjudicación de contratos entre 2011 y 2014, en 30 obras públicas, durante el gobierno de Ollanta Humala, y por los que pide la suspensión y prohibición de sus actividades por un periodo de 6 a 11 años. En suma, se calculan coimas por cerca de S/ 46 millones.

Las empresas Cosapi, ICCGSA, Graña y Montero y Obrainsa admitieron su responsabilidad en las investigaciones y forman parte del caso como colaboradoras eficaces. Recibieron sentencia y están pagando una reparación civil.

Con el tiempo, otras empresas extranjeras, como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, OAS, Energoprojekt, Conciviles y Conalvías, se unieron al Club.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que las empresas acusadas en el caso simularon contrataciones ficticias para justificar el desembolso de dinero que se utilizaría en el pago de sobornos a altos funcionarios entre 2011 y 2014.

De igual manera, la fiscalía señala que la constructora Lual Contratistas Generales S.A.C. habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a las transferencias de dinero realizadas por las empresas que integraban el Club de la Construcción, bajo el pretexto de pagos por servicios que nunca fueron realizados. La mencionada empresa no contaba con el personal que pudiera ejecutar dichos servicios; sin embargo, se emitían facturas a favor de las empresas mencionadas.