El decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, Onofre Pizarro Chima, señaló que la ley del auditor, recientemente aprobada por insistencia en el Congreso de la República, es anticonstitucional porque “quita el derecho al trabajo”.
“Tengo entendido que, para ingresar a la Contraloría, hay que seguir una certificación a través de la Escuela Nacional de Control para obtener una certificación a fin de obtener el título de auditor gubernamental, cuando los grados de auditores los otorga el Colegio de Contadores Públicos de Lima”, expresó.
Agregó que también se pretende crear otro sistema laboral, lo cual no debería haberse aprobado en esa ley, pero que la norma puede revertirse. “En el momento de preparar el proyecto de ley no han sido considerados ni el informe que preparó el Colegio de Contadores Públicos de Lima y de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, ni las observaciones que hizo el Ejecutivo”, subrayó.
“Se buscarán los mecanismos, la justificación técnica legal, para dejar sin efecto. Al contralor le han dado un plazo para aprobar el reglamento”, anunció el decano.
Sostuvo que “la Contraloría ha sacado otra ley, la cual señala que los auditores califican los delitos, lo cual es un error garrafal, pues para eso están los abogados, quienes tienen que tipificar el delito, no los contadores ni los auditores”.
“La Contraloría no está para cuantificar cuánto perjuicio económico se le hace al Perú. Lo que tenemos que hacer son controles preventivos”, aseveró.
“La Contraloría se creó para defender los intereses del Estado y veo que no está sucediendo”, indicó Onofre Pizarro, quien señaló que “si hay muchas obras paralizadas es porque los expedientes técnicos están mal hechos, están mal elaborados con la finalidad de conseguir adicionales”.
Finalmente, anunció coordinaciones con el presidente de la Junta Nacional de Decanos, en la cual están adscritos los 25 colegios departamentales de contadores públicos del Perú, para hacer un pronunciamiento público en conjunto.
