La denominada “Operación Manzana Podrida” se desarrolló durante 30 días en distintos puntos del estado de Nueva York. El Gobierno
Más de 2.100 personas fueron detenidas en Nueva York durante un amplio operativo migratorio ejecutado por autoridades federales de Estados Unidos entre el 27 de julio y el 29 de agosto. La intervención, denominada “Operación Manzana Podrida” (Rotten Apple), forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.
El operativo estuvo a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las acciones se desplegaron en diferentes zonas de Nueva York, incluida la ciudad de Nueva York, Long Island, el valle del Hudson y otros condados del estado.
Durante la presentación de los resultados, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que entre los detenidos había personas vinculadas con delitos considerados graves, como homicidio, violación, secuestro, narcotráfico y delitos sexuales contra menores. También mencionó a presuntos integrantes de organizaciones criminales.
Sin embargo, las autoridades federales no proporcionaron un desglose completo de las más de 2.100 detenciones que permita determinar cuántas personas tenían antecedentes penales, cargos pendientes o carecían de historial criminal. Datos anteriores de ICE muestran que en julio, de aproximadamente 1.567 arrestos registrados en Nueva York, más del 75 % correspondía a personas que no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes.
Cruce de acusaciones entre Washington y Nueva York
El operativo también profundizó el enfrentamiento entre la administración Trump y las autoridades demócratas de Nueva York. Mullin cuestionó públicamente a la gobernadora Kathy Hochul y al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por la limitada cooperación de las autoridades locales con ICE.
El funcionario federal sostuvo que las llamadas “ciudades santuario” dificultan el trabajo de las agencias migratorias. Según su postura, cuando las autoridades locales no colaboran con ICE, los agentes federales deben realizar las detenciones directamente en las comunidades.
Hochul, por su parte, rechazó las acusaciones de que Nueva York sea un refugio para delincuentes. La gobernadora afirmó que el estado informa a ICE cuando inmigrantes indocumentados condenados por delitos son liberados, pero defendió las restricciones existentes sobre la participación de las autoridades locales en labores federales de control migratorio.
La tensión aumentó luego de que Nueva York adoptara medidas para limitar los acuerdos de cooperación entre cuerpos policiales locales y las autoridades federales de inmigración. En ese contexto, la administración Trump ha advertido que incrementará la presencia de agentes federales en aquellas jurisdicciones que no colaboren con sus políticas migratorias.
Activistas cuestionan las redadas
Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes expresaron su preocupación por el alcance de las operaciones. Los críticos de la política migratoria de Trump sostienen que las redadas pueden afectar a comunidades enteras y generar temor entre personas que necesitan acudir a las autoridades para denunciar delitos o solicitar asistencia.
El Gobierno estadounidense, en cambio, mantiene que el objetivo es hacer cumplir las leyes migratorias y retirar del país a personas que permanezcan de manera irregular. La administración también ha reiterado su intención de continuar con este tipo de operativos en otras ciudades y estados.
La “Operación Manzana Podrida” se convierte así en un nuevo episodio de la creciente disputa entre el Gobierno federal y las autoridades de Nueva York por el control migratorio, mientras las políticas de deportación y las redadas de ICE continúan generando un intenso debate político y social en Estados Unidos.
