El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), aprobó el pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), el cual solicitó 36 meses de prisión preventiva para varios implicados en el caso conocido como ‘Waykis en la sombra’. Entre ellos, a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.
En el caso de Boluarte Zegarra, a quien se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, el juez consideró que si bien tiene arraigo familiar, no acreditó el domiciliario, laboral ni económico.
“Este despacho ha llegado a la conclusión de que debe imponerse mandato de prisión preventiva porque se trata de una medida proporcional para su caso, no es posible a una medida menos gravosa debido a que se han presentado factores agraviantes de peligro de fuga y perturbación de la actividad probatoria. […] En libertad es bien probable que ponga en serio riesgo el éxito del proceso”, mencionó Richard Concepción Carhuancho.
La Fiscalía sostiene que el hermano de la jefa de Estado habría liderado esta organización criminal de facto, utilizando su influencia derivada de la presidencia para instalar a personas afines en puestos clave. La presunta finalidad era asegurar aportes económicos y fichas de afiliación para fortalecer políticamente al partido ‘Ciudadanos por el Perú’, así como obtener réditos económicos a través de contrataciones en entidades estatales.
La prisión preventiva también se dio contra Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, y Jorge Chingay Salazar. La petición de prisión preventiva actual fue elaborada por el equipo número cinco del Eficcop, bajo la supervisión del fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero.
A todos se les atribuye el haber formado una organización para influir en la designación de prefectos y subprefectos con el objetivo de recaudar fichas de afiliación y aportes económicos para inscribir el partido ‘Ciudadanos por el Perú’. Según la acusación, esta organización también habría intervenido en decisiones y contrataciones en Provías Descentralizado y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), buscando mantener un control ilícito sobre estas instituciones. Además, se menciona que se habrían desplegado acciones para neutralizar opositores y consolidar su poder.
De acuerdo a la carpeta fiscal uno de los testimonios más sólidos y reveladores que complicarían a Nicanor Boluarte es el de su amigo de infancia, Víctor Torres Merino. El allegado a los hermanos Boluarte Zegarra no solo reconoció haber sido favorecido por Nicanor Boluarte en su contratación como locador de servicios en el programa Qali Warma, durante la gestión de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, también lo fue en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS).
A ello, se le suma el favorecimiento a su primo José Enciso Torres en la dirección de Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado), el mismo implicado en el caso conocido como “Los Intocables de la Corrupción”, una presunta organización criminal que operó entre marzo de 2018 y diciembre de 2020. “Se le entregó el CV a Nicanor para que interceda ante la Presidencia de la República”, se lee en el documento.
Sobre la formación del partido “Ciudadanos por el Perú”, confirmó que en una reunión se planteó, bajo la dirección de Nicanor Boluarte, la estrategia de la designación de prefectos y subprefectos, ya que “él mencionó que tenía el apoyo de la presidenta de la República”.
Pese a la orden de su prisión preventiva, no se conoce el paradero de Nicanor Boluarte desde el 17 de noviembre, por lo que todo apunta a que estaría escapando de la justicia, al igual que Vladimir Cerrón, quien ya lleva más de un año en la clandestinidad.
“No he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente”, afirmó su abogado Luis Vivanco, lo cual fue registrado en el acta por el juez. Vecinos del pasaje Daniel Alomía, en San Borja, donde se encuentra su vivienda, aseguraron no haberlo visto en días, informó el periodista Alonso Ramos.
