Advierte exprocuradora Katherine Ampuero
Abogada dice que integrantes de estos grupos solicitarían seguir proceso en libertad.
REDACCIÓN
Las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional van más allá del caso Odebrecht, pues este ha abierto la puerta a criminales avezados que pueden exigir volver a las calles. Además, es irresponsable al no tomar en cuenta los indicios que comprometen a la ex pareja presidencial, considera la exprocuradora Katherine Ampuero.
-Doctora, ¿cómo toma usted la excarcelación de los Humala-Heredia gracias al fallo del Tribunal Constitucional (TC)?
Bueno, punto número uno, el Código Procesal Constitucional es claro cuando cie que el hábeas corpus procede contra resoluciones emitidas por el Poder Judicial, pero que tienen la calidad de firme. ¿Qué quiere decir eso?, que en el Poder Judicial ya se han pronunciado todas sus instancias; sin embargo, este hábeas corpus a favor de la expareja presidencial se ha presentado, o se ha dado trámite en el TC, cuando todavía estaba pendiente que la Corte Suprema resuelva la casación interpuesta contra la resolución emitida por el doctor Concepción Carhuancho y también contra la resolución emitida por la Sala Penal de Apelaciones…
-¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que todavía estaba en trámite en el Poder Judicial esa resolución, que todavía no tenía la calidad de firme; sin embargo, el TC aceptó asumir competencia y darle trámite a este hábeas corpus. Entonces, desde ahí vemos una vulneración al Código Procesal Constitucional.
-¿Cuáles son las consecuencias?
Eso va a abrir las puertas a otras personas que están en prisión preventiva y que todavía su resolución no está firme en el Poder Judicial, acudiendo al TC esperando que este órgano del Estado deje sin efecto esas prisiones preventivas que todavía están en trámite en el Poder Judicial. Esta resolución del TC establece estándares muy altos para que se dé una prisión preventiva.
-¿Por qué dice eso?
Por ejemplo, me llama la atención que tanto el juez Concepción Carhuancho como la Sana Penal de Apelaciones y la Corte Suprema en su momento hayan considerado que cuando la señora Nadine Heredia falsea su puño gráfico, buscando distorsionar el resultado de la pericia grafotécnica de las agendas, el Tribunal Constitucional diga que esta actitud, de mentir y falsear el puño gráfico, no quiere decir que exista un peligro de obstaculización de la justicia. Esto evidentemente llama mucho la atención, porque obviamente una conducta como esta, que busca distorsionar el resultado de una pericia, es un peligro de obstaculización de la justicia.
-Se dice que otras pruebas, o presuntas pruebas, contra Humala son las referentes a los audios del caso Madre Mía…
Estos audios que demostrarían la compra de testigos por parte del señor Ollanta Humala también constituyen un peligro de obstaculización de la justicia, porque comprar testigos para que nuestras autoridades no lleguen a descubrir la verdad es una obstaculización. Sin embargo, el TC ha dicho que estos audios, previamente, para ser incorporados al proceso, debieron ser reconocidos, en este caso, por el procesado Ollanta Humala, quien debió haber reconocido su voz, para que así puedan ser incorporados al proceso.
-¿Esto a qué cree usted que da pie?
Yo me pregunto si estas organizaciones criminales que se vienen desactivando en Trujillo, en Piura, en Tumbes, aquí en el Callao como por ejemplo ‘Barrio King’, que para desarticularlas ha sido muy importante las grabaciones que se han hecho a los involucrados con interceptaciones telefónicas, y si esto ha sido fundamental para que el fiscal y los jueces en su momento puedan dictar la prisión preventiva, ¿se imagina usted aplicar este mismo criterio [el del TC con Humala por el caso Madre Mía] a estas organizaciones criminales? Llamar, por ejemplo, a este conocido por el apelativo ‘Caracol’ para que reconozcan su voz en los audios; y si ellos no reconocen su voz habrá que disponer la realización de una pericia. Esas son diligencias que tardan, y mientras tanto habrá que darles libertad hasta conseguir esta prueba, hasta que recién se pueda fundamentar la prisión preventiva.
-Entonces, ¿este fallo del Tc sí es vinculante?
Por supuesto, abre la puerta a que otras personas que estén bajo la prisión preventiva legalmente también se quieran acoger y pidan la aplicación de estos criterios. Por eso digo que estos criterios, establecidos por el TC, ponen en riesgo no solo la lucha contra la corrupción, sino principalmente la lucha contra el crimen organizado dedicado, por ejemplo, al sicariato, al tráfico de drogas, al robo agravado. Imagínese, pues, llamar a un delincuente para que reconozca su voz. Es un despropósito.
NO ES OBLIGATORIEDAD
-¿Qué le queda al Poder Judicial frente a este fallo?
Yo confío, estoy segura, que nos vamos a encontrar tanto con fiscales como con jueces del Poder Judicial que se van a apartar de estos criterios que ha establecido el Tribunal Constitucional por mayoría, porque hay que rescatar los votos singulares de la doctora Ledezma, del doctor Sardón y del doctor Miranda. Esta jurisprudencia constitucional no es de carácter vinculante, no tiene el carácter de obligatoriedad por parte de los magistrados; pero sí es una jurisprudencia constitucional, es verdad.
