Una investigación de The New York Times señala que cargamentos valorizados en cientos de millones de dólares permanecen en almacenes estadounidenses debido a dudas sobre su trazabilidad y posibles vínculos con corrupción, daños ambientales y grupos criminales.

Cargamentos de oro procedentes de Venezuela que fueron trasladados a Estados Unidos como parte de un acuerdo impulsado por la administración de Donald Trump permanecen almacenados sin ser procesados, debido a las dudas expresadas por refinerías sobre el origen del metal y la trazabilidad de la cadena de suministro. La información fue difundida por The New York Times y recogida por RPP.

Según la investigación periodística, los envíos ya realizados tendrían un valor de cientos de millones de dólares. Sin embargo, las empresas encargadas de refinar el metal enfrentan la necesidad de acreditar que el oro no está relacionado con actividades como financiamiento de grupos criminales, corrupción o daños ambientales, requisitos contemplados dentro de los estándares internacionales de abastecimiento responsable.

Un acuerdo de hasta una tonelada

El origen del conflicto se encuentra en un acuerdo negociado durante marzo de 2026 entre funcionarios estadounidenses y la empresa minera estatal venezolana Minerven. El convenio contemplaba la comercialización en Estados Unidos de entre 650 y 1.000 kilogramos de barras de oro doré, con la participación de la comercializadora de materias primas Trafigura.

De acuerdo con los reportes difundidos, el volumen máximo contemplado en el acuerdo tendría actualmente un valor aproximado de 165 millones de dólares. Trafigura sería responsable de trasladar el metal hasta las refinerías estadounidenses.

La situación genera un contraste con la política que el propio Trump había aplicado durante su primer mandato. En marzo de 2019, Estados Unidos incluyó al sector aurífero venezolano dentro de sus medidas de sanción, debido a cuestionamientos relacionados con corrupción y daños ambientales.

Dudas sobre la cadena de suministro

La investigación del diario estadounidense sostiene que parte del oro procedería de zonas mineras donde existen denuncias sobre el pago de dinero a grupos criminales a cambio de protección. El reporte también menciona operaciones mineras informales y cuestionamientos sobre las condiciones laborales y ambientales en algunas zonas productoras.

Estas afirmaciones corresponden a testimonios y hallazgos recogidos por The New York Times y no significan que todo el oro venezolano involucrado en el acuerdo tenga necesariamente el mismo origen o esté vinculado a actividades ilícitas. De hecho, Trafigura señaló que su proceso de debida diligencia continúa y afirmó que, hasta el momento, sus auditorías no han identificado violaciones de derechos humanos, financiamiento de conflictos, extorsión o participación de actores ilegales en los sitios revisados.

Desde la Casa Blanca, una portavoz defendió el acuerdo y sostuvo que Estados Unidos busca transformar la industria minera venezolana y reducir la influencia de grupos criminales en ese sector.

Mientras continúan las verificaciones sobre la procedencia del metal, los cargamentos permanecen almacenados y las refinerías estadounidenses evalúan los riesgos legales y reputacionales asociados con su procesamiento. El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la actividad minera venezolana y los mecanismos utilizados para garantizar la trazabilidad del oro que llega a los mercados internacionales.