Alberto Otárola se pronunció luego de la destitución de 312 subprefectos
El premier Alberto Otárola, se pronunció luego de la destitución de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país, los cuales fueron nombrados durante la gestión del golpista Pedro Castillo. La medida que fue oficializada el último fin de semana a través de una resolución directoral publicada en el Diario Oficial El Peruano.
A través de las redes sociales, Otárola manifestó que se dieron por concluidas las designaciones de dichas autoridades “cumpliendo con nuestros compromisos”, a la vez que anunció que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte nombrará próximamente a personas “reconocidas y distinguidas” para ocupar los cargos de prefectos y subprefectos a nivel nacional.
“Los peruanos necesitan autoridades y funcionarios idóneos, por ello se nombrará en los cargos de prefectos y subprefectos a personas reconocidas y distinguidas por su comunidad, sin importar su color político y de clara vocación democrática”, aseguró el primer ministro.
La región donde se registró mayor cantidad de ceses fue Ayacucho con 46. En San Martín (34), Junín (33), Puno (31), Cajamarca (19), Lima Provincias (17) y Huancavelica (15) también hubo un alto número de subprefectos distritales destituidos.
Cabe recordar que varios subprefectos y prefectos designados durante la administración de Castillo estaban vinculados al partido comunista Perú Libre, incluso, eran firmantes de los planillones del Movadef, brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso.
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El exministro del Interior Mariano González saludó la decisión del Gobierno de Dina Boluarte de destituir a los prefectos y subprefectos designados durante la administración del golpista Pedro Castillo.
Según remarcó el extitular del Mininter en conversación con el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’, al Parlamento le corresponde eliminar estos cargos.
«El Congreso tiene la tarea de desaparecer las prefecturas y subprefecturas», señaló González.
Alertó, en este sentido, que las funciones de los prefectos y subprefectos «terminan colisionando» con las de los gobernadores regionales y alcaldes.
«Además de un gasto innecesario, se han convertido en un aparato instrumentalizado para beneficio de alguien, pero jamás del Estado«, expresó.
