No Chávarry como habían informado
Según La República y Cuarto Poder, a Tomás Gálvez en julio del 2016, el ahora fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, era jefe de Control Interno del Ministerio Público, y lo salvó de una denuncia por firmas falsas en boletas de pago por S/ 23,469. Pero lo cierto es que quien cerró definitivamente ese caso fue Pablo Sánchez.
“Artículo único: Declarar infundado el recurso de apelación presentado por Ginger Salguero Alcalá contra la Disposición 312-2016-MP-FSCI, de fecha 4 de julio del 2016, por la Fiscalía Supremo de Control Interno”, se lee en la Disposición de Fiscalía de la Nación sobre el Caso 702-2015-LIMA.
Según el portal Manifiesto, este documento fue suscrito por Sánchez el 25 de enero del 2017, seis meses después de la decisión de Chávarry -4 de julio del 2016.
Una media verdad
Gálvez –quien aparece en varios audios de la vergüenza- había sido director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas, y para dar cuenta de los gastos de unas actividades, presentó facturas y boletas.
Un perito judicial detectó que las firmas de Juan Marino Abanto Días y Lucy Karina Chuquimango Jabo, dueños de los restaurantes donde el fiscal presuntamente había consumido, no correspondían “al puño gráfico de su titular”.
Sánchez firmó archivamiento
Según el fiscal protagonista de audios, el contenido de las boletas –el gasto- era verdadero, y él recién se enteró lo de las firmas después. Además, la esposa del dueño había firmado con la rúbrica de este con autorización de su cónyuge.
Por su parte, Chávarry señaló a El Comercio que su fallo tomó en cuenta el “informe de contabilidad”.
“Con esa revelación, León Poma iba probar que el fiscal Gálvez cometió los delitos de falsedad pública en la modalidad de falsedad documental y uso de documentos privados falsos“, señala La República.
Al parecer, las unidades de investigación de los dos primeros medios mencionados no tenían la información completa del caso, o -como sospechan algunos- sí la tenían pero no quisieron mostrarla por la aparente campaña para sacar de Fiscalía de la Nación a alguien que sí podría ser severo con los corruptos del caso Lava Jato.
