Ministros y asesores incitarían a mandatario a enfrentarse al Congreso por cuestión de confianza
El dictamen aprobado por insistencia en la Comisión de Constitución del Congreso que regula la cuestión de confianza ha causado un terremoto político en el Poder Ejecutivo, al punto que creen que sería el inicio de la vacancia presidencial.
Fuentes oficialistas revelaron a LA RAZÓN que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, y asesores del presidente Pedro Castillo han pedido asesoramiento a varios constitucionalistas a fin de que elaboren una estrategia legal para impedir que esta norma sea aprobada en el Pleno del Congreso.
“Limitar la cuestión de confianza es limpiar el camino para la vacancia presidencial. Romper el equilibrio de poderes es acabar con la democracia. Por el bien de la gobernabilidad, el Congreso debe actuar responsablemente”, escribió el ministro de Justicia en su cuenta de Twitter.
Cabe señalar que el predictamen aprobado el sábado último en Constitución echó por los sueldos la pretensión del gobierno de hacer cuestión de confianza para blindar a un ministro de Estado, así como de plantear ese mismo recurso para imponer reformas constitucionales como la asamblea constituyente.
Cabe señalar que, si el Congreso niega la confianza dos veces, el presidente de la República está facultado para disolver el Parlamento Nacional. Ese sería el único objetivo que persigue el gobierno para tener el poder total.
GOLPISTAS
Según las mismas fuentes, el constitucionalista Omar Cairo habría sido convocado por sus opiniones a favor del Poder Ejecutivo. Este jurista en entrevista con un diario local dijo que “la Constitución no coloca ningún límite a las materias sobre las cuales puede realizarse las solicitudes que se respaldan con cuestión de confianza”, es decir, según este análisis el gobierno podría hacer cuestión de confianza ilimitadamente, incluso para imponer una asamblea constituyente a pesar que eso es una facultad del legislador.
El constitucionalista Omar Cairo explicó que la gestión de Pedro Castillo puede tomar dos caminos ante una inminente aprobación de la ley de interpretación de cuestión de confianza: plantear una cuestión de confianza para evitar que se apruebe la norma o presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
“Cuando se someta a votación en el pleno, la primera ministra (Mirtha Vásquez) puede pedir que no se apruebe por insistencia y hacer cuestión de confianza por ese pedido; el Congreso ya estar en la disyuntiva siguiente: si aprueba por insistencia estaría rechazando la cuestión de confianza y está sacando al gabinete entero o en lugar de eso no aprueba por insistencia”, señala Cairo, dejando en claro su propuesta de enfrentarse al Congreso.
La otra opción es que el Ejecutivo espere a que se promulgue la ley y acuda al Tribunal Constitucional. “El problema es que el trámite de ese proceso dura tres meses más o menos y en ese tiempo el Ejecutivo va estar expuesto a todo tipo de actos obstruccionistas del Parlamento y no va poder utilizar la cuestión de confianza para enfrentarlo”, agregó.
DESESPERACIÓN
Debido a que presentar una cuestión de confianza a la aprobación de la norma generaría otra crisis política, el jefe de Estado desecharía la propuesta provocadora de Omar Cairo, sin embargo el ministro de Justicia, Aníbal Torres, planteó que también se debata poner candados a la vacancia presidencial.
“Si el Congreso quiere modificar la cuestión de confianza, tiene que modificarla conjuntamente con la vacancia presidencial. Por ejemplo, y no es difícil hacerlo, que establezca que la vacancia presidencial procede no como dice actualmente la Constitución —por incapacidad moral—, sino por incapacidad mental y física, y limitar la cuestión de confianza a los términos y temas que correspondan al Congreso de la República”, sostuvo.
“Ellos disminuyen la facultad de (cuestión de) confianza que tiene el Ejecutivo, ya no se sabe ni siquiera con qué porque dicen que su ley es interpretativa, que es una interpretación auténtica o que es un desarrollo constitucional. Gigante la brutalidad (…) por lo que estamos diciendo: la Constitución no se puede modificar sino con otra ley constitucional, no con una ley ordinaria, interpretativa, auténtica o de desarrollo”, expresó el titular del Minjusdh en un encuentro organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNMSM.
En esa misma estrategia, la bancada de Juntos por el Perú (JP), aliada del gobierno, presentó un proyecto de ley que plantea una “ley que desarrolla el ejercicio de la causal de vacancia por permanente incapacidad moral o física del cargo de presidente de la República”, con el fin de que el Parlamento no pueda recurrir a dicha figura como una herramienta de control político.
En el proyecto de ley formulado propone que la causal de vacancia por permanente incapacidad moral o física del cargo de jefe de Estado, declarada por el Congreso de la República y regulada en el inciso 2) del artículo 1130 de la Constitución Política del Perú, está referida a la falta de condiciones o aptitudes mentales o físicas “debidamente comprobada por la autoridad de salud y no a valoraciones subjetivas o de índole similar”.
Es decir, quieren blindar al jefe de Estado ante futuros pedidos de vacancia presidencial por incapacidad moral.
