Subdirector de La Razón
Como no todo en la vida es casualidad, con absoluta franqueza comparto mis dudas sobre la actuación de la Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, los cuales cada uno por separado han terminado favoreciendo a Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes han recibido tres millones de verdes de la corrupta empresa Odebrecht, según varios testimonios.
Por un lado, la fiscalía no presenta aún su acusación a pesar de la larga lista de indicios y testimonios que indicarían que este par de aventureros hicieron de las suyas con presunta plata recibida de Venezuela y Odebrecht.
Por su parte, el Tribunal Constitucional con el voto del impresentable Eloy Espinosa excarceló a Humala y Heredia y finalmente el Poder Judicial, en marchas y contramarchas, hacen un papelón con la incautación de bienes a la ex pareja presidencial y dan argumento a Humala y su esposa para que digan que son perseguidos políticos y pidan asilo.
De otro lado, llama poderosamente la atención que algunos actores políticos y líderes de opinión cuestionen la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de incautar cinco inmuebles y congelen las cuentas de la Humala y Heredia.
La disposición del juez comprende la incautación de cuatro vehículos y cinco inmuebles: dos vinculados a Heredia (ubicados en Surco y Lurín); uno a la madre de la ex primera dama (Surco); y los otros dos a Rocío Calderón, amiga de Heredia (La Victoria y La Molina).
Para la fiscalía Antonia Alarcón Cubas, madre de Nadine Heredia, sería personaje clave en el proceso de lavado de activos contra la expareja presidencial. Según la Unidad de Inteligencia Financiera adquirió tres propiedades por el monto de 645,000 dólares a pesar que ella se dedica a la movilidad escolar, es ama de casa y tiene la condición de viuda, vale decir no tendría ingresos económicos que justifique la compra de esos inmuebles.
En julio del 2017, el banco central de Brasil congeló cuatro de las cuentas bancarias de Lula que sumaban más de 600 mil reales brasileños (190 mil dólares). El juez Moro también le prohibió al exmandatario utilizar tres apartamentos, un terreno y dos automóviles vinculados a él. Cuando sucedió esto nadie se quejó en tierras cariocas. Sin embargo, cuando Concepción Carhuancho acepta el pedido de la fiscalía para incautar inmuebles a Humala, supuestamente adquiridos con dinero ilícito, muchos opinólogos salen a hacer cargamontón al magistrado. El mundo al revés.
