La oposición busca destituir al presidente para evitar que su salida del cargo le otorgue inmunidad como senador vitalicio.

El Congreso de Paraguay decidió continuar con el juicio político contra el presidente Santiago Peña, luego de que fracasara la sesión bicameral convocada para tratar su renuncia. La decisión se tomó este jueves 5 de noviembre, en medio de la crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank.

La jornada estuvo marcada por el retiro de la bancada oficialista, al no contar con los votos necesarios para aprobar la dimisión del mandatario. Frente a este escenario, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación por mal desempeño de funciones y remitió el documento al Senado, que formalizó el inicio del juzgamiento constitucional.

La oposición busca evitar que una eventual renuncia permita a Peña asumir como senador vitalicio y conservar inmunidad. Por ello, impulsa su destitución para que pueda afrontar eventuales procesos judiciales sin esos fueros.

El Senado tomó juramento a sus 45 integrantes como miembros del tribunal y declaró un cuarto intermedio hasta este viernes 6 de noviembre, a las 10:00 a. m. En esa sesión, Peña deberá ejercer su defensa, personalmente o mediante representantes legales, antes de que se evalúen las pruebas y se realice la votación sobre su destitución.

Ante las versiones sobre una supuesta salida del mandatario del país, el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, negó esa información y aseguró que Peña permanece en Paraguay y cumplirá con su deber constitucional de defenderse.

La crisis que desencadenó el proceso comenzó el lunes 2 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia. La medida dejó sin acceso a sus cuentas a millones de clientes y generó dificultades para realizar pagos y operaciones cotidianas.

Las investigaciones también pusieron bajo cuestionamiento los vínculos empresariales de Peña con el grupo propietario de la entidad financiera. Durante el debate parlamentario, legisladores opositores señalaron que el mandatario mantuvo participaciones accionarias en Ueno Holding hasta abril de 2025. Además, cuestionaron la colocación de fondos públicos y recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en el banco.

En paralelo, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó una denuncia penal por el riesgo de los recursos de la Caja Fiscal depositados en certificados de depósito de ahorro de la entidad. La Fiscalía General del Estado también dispuso investigar a 39 autoridades y exautoridades, entre ellas Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos.

Como parte de las diligencias, un juez ordenó prisión preventiva para seis directivos bancarios, arresto domiciliario para dos ejecutivas e inmovilizó las cuentas de 27 imputados. También se realizaron allanamientos en sedes empresariales vinculadas al Grupo Vázquez.

La intervención de Ueno Bank provocó protestas de ahorristas en distintas ciudades. En las inmediaciones del Congreso, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que exigían recuperar sus depósitos. Asimismo, exempleados de la entidad y de empresas vinculadas al grupo realizaron una protesta frente al Ministerio de Trabajo por el bloqueo de sus salarios y liquidaciones, en un conflicto que afecta a más de 4.600 trabajadores.