El Parlamento de Corea del Sur aprobó este sábado la destitución del presidente Yoon Suk-yeol tras la controvertida declaración de ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Con 204 votos a favor, 85 en contra, tres abstenciones y ocho papeletas nulas, la moción presentada por la oposición logró la mayoría de dos tercios necesaria para destituir al mandatario.
También lee:
Apoyo inesperado desde el partido oficialista
El proceso, que involucró a los 300 diputados de la Asamblea Nacional, contó con el respaldo de al menos 12 legisladores del gobernante Partido del Poder Popular (PPP), pese a que la formación había anunciado oficialmente su oposición a la moción. Esto fue clave, ya que los partidos de oposición suman 192 escaños, insuficientes por sí solos para alcanzar los 200 votos necesarios.
La incertidumbre marcó la jornada, con el PPP celebrando una reunión de último minuto para definir su postura oficial. A pesar de ello, varios de sus miembros decidieron apoyar la destitución, rompiendo con la línea del partido.
Primer ministro asume la presidencia interina
Con la destitución, Yoon Suk-yeol queda apartado de sus funciones, y el primer ministro Han Duck-soo asumirá como presidente interino mientras el Tribunal Constitucional evalúa el caso.
Este organismo tiene un plazo máximo de 180 días para determinar si Yoon violó la Constitución al declarar la ley marcial.
De confirmarse esta violación, Yoon se convertiría en el segundo presidente en ser destituido en la democracia surcoreana, después de Park Geun-hye en 2017, quien fue inhabilitada y encarcelada por un escándalo de corrupción.
Celebraciones en las calles de Seúl
Miles de manifestantes se congregaron frente a la Asamblea Nacional para exigir la destitución de Yoon. Al conocerse el resultado, las calles se llenaron de alegría, con los asistentes agitando bastones luminosos, símbolo de las protestas que emulan la cultura del K-Pop.
“Hemos logrado una victoria histórica para la democracia gracias al apoyo de todos los ciudadanos que defendieron la Constitución con pasión”, declaró Park Chan-dae, portavoz del opositor Partido Democrático, en declaraciones recogidas por Yonhap.
Investigaciones por delitos graves
Tras la destitución, Yoon Suk-yeol enfrenta investigaciones por delitos como insurrección, abuso de poder y amotinamiento. Este último, el más grave, podría llevar al arresto del expresidente, ya que la inmunidad presidencial no aplica en estos casos. De ser considerado culpable como líder de un levantamiento, la pena podría incluir cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque en Corea del Sur existe una moratoria sobre esta última desde 1997.
El exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y otros altos funcionarios también están bajo investigación, algunos en prisión preventiva.
Un precedente histórico en la democracia surcoreana
La destitución de Yoon marca un momento crítico para Corea del Sur, poniendo nuevamente en el foco la capacidad del sistema democrático para responder a crisis políticas. La decisión del Tribunal Constitucional definirá si este proceso es el inicio de una nueva etapa o el preludio de una polarización aún mayor.
