La extorsión y la violencia ejercida por bandas criminales han generado un paro de transportistas, lo que agrava la situación económica y debilita el sector empresarial del país.
El paro de transportistas que tuvo lugar este 26 de septiembre revela una problemática mucho más profunda que la simple suspensión de labores. Decenas de empresas de transporte se vieron obligadas a detener sus operaciones como respuesta a las constantes extorsiones y amenazas de las que son víctimas por parte de organizaciones criminales. Este fenómeno, que afecta no solo a empresas de transporte, sino también a pequeños comercios y negocios locales, está erosionando la base económica del país.
Líneas de transporte que cubren distritos clave de Lima, como Ancón, Puente Piedra, Comas, y San Juan de Lurigancho, dejaron de operar en señal de protesta. Los trabajadores exigen al gobierno de Dina Boluarte una intervención urgente para combatir la creciente delincuencia. Mientras tanto, las bandas criminales continúan consolidando su poder, afectando la sostenibilidad empresarial y generando un clima de inseguridad en sectores estratégicos de la economía.
De acuerdo con estimaciones, solo media hora de paro puede generar una pérdida de aproximadamente 8 millones de soles para la economía peruana. Sin embargo, este paro es una respuesta a una crisis más profunda: la inseguridad ciudadana y el crimen organizado que han convertido la extorsión en una práctica habitual. Las empresas de transporte no son las únicas víctimas; pequeños comercios, bodegas y restaurantes también sufren los efectos de estos grupos delictivos, lo que amenaza con empeorar la situación económica del país.
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La economista Silvana Huanqui, profesora de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), advierte que el 40% de las pequeñas y medianas empresas en Perú están siendo afectadas por extorsiones, lo que incrementa significativamente sus costos. Para muchas de estas empresas, esta situación se ha vuelto insostenible. El paro de transportistas es solo una consecuencia de esta realidad, y sin una solución integral, la crisis podría empeorar.
A corto plazo, el impacto se observa en la interrupción de los ingresos de las empresas de transporte, que emplean a una cantidad considerable de personas. Los ciudadanos que dependen del transporte público también se ven afectados, enfrentando mayores costos y retrasos en sus actividades diarias. Esta situación, a su vez, repercute en la productividad de las empresas que dependen de estos trabajadores.
La experiencia de países como El Salvador y México sugiere que si no se toman medidas drásticas para frenar estas extorsiones, el panorama empresarial peruano podría deteriorarse aún más, con un incremento de la informalidad y un debilitamiento del sector empresarial formal.
