Según informes policiales, las explosiones se registraron a las 23:15 p. m. del jueves 4 de abril
La provincia de Pataz, en La Libertad, ha sido testigo de un nuevo atentado este viernes 5 de abril, esta vez dirigido contra la minera La Poderosa. Dos torres de alta tensión han sido seriamente afectadas por explosiones, en un acto que, según señalan desde la empresa, lleva la marca de mineros ilegales que operan en la zona.
El gerente de Asuntos Corporativos de la minera, Pablo de la Flor, informó que ambas torres fueron dinamitadas, y los responsables del ataque ingresaron luego a dos galerías de la compañía. Este incidente se suma a una serie de ataques previos contra La Poderosa por parte de mineros ilegales, que también habían afectado sus torres de alta tensión en meses anteriores.
La situación es aún más grave si recordamos el trágico suceso de diciembre pasado, cuando nueve trabajadores de La Poderosa fueron brutalmente asesinados por organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal. A pesar del estado de emergencia en Pataz y la presencia de 300 efectivos policiales y militares, estos actos violentos continúan sin cesar.
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Pablo de la Flor expresó su preocupación por la falta de seguridad en la zona, especialmente considerando que La Poderosa ya ha sufrido el sabotaje de 15 torres de alta tensión. Solicitó al Gobierno que tome medidas inmediatas para restaurar la paz en Pataz y garantizar la seguridad de las operaciones mineras en la región.
Según informes policiales, las explosiones se registraron a las 23:15 p. m. del jueves 4 de abril, seguidas de otras detonaciones apenas cuatro minutos después. Estos ataques causaron graves daños en las infraestructuras, dejando las torres tendidas en el suelo y afectando la operación en ocho niveles de la mina Santa María.
Las autoridades han calificado estos actos como «incursiones terroristas, atentados y sabotajes por parte de delincuentes», lo que subraya la gravedad de la situación en la zona minera de Pataz. Es fundamental que se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las operaciones mineras legales y proteger a los trabajadores de futuros ataques criminales. La estabilidad y el bienestar de la comunidad de Pataz dependen de ello.
