Abogados de Benavides solicitaron al Ministerio Público precisar que especifique lo que desea hallar en el dispositivo.
Los abogados de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, rechazaron entregar el móvil de su cliente al equipo liderado por la fiscal suprema Delia Espinoza, quien lo había pedido voluntariamente en enero. Asimismo, presentaron una protección de derechos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien revisó la petición en una audiencia el lunes.
Durante la cita, el abogado Juan Peña invocó precisar qué se busca en el teléfono móvil, ya que contiene información “secreta” a la que no se podría acceder “por más que se quiera esclarecer” los hechos que implican a la suspendida magistrada en una investigación sobre una red de tráfico de influencias que presuntamente lideraba.
“De lo contrario, no solo se va a vulnerar la vida privada de la doctora Benavides, sino que además se va a hacer de conocimiento público [asuntos privados] por las distintas filtraciones [a la prensa] de la carpeta 1228-2023, [que sigue el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’]”, siguió el letrado.
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En este proceso, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos atribuye a Benavides siete presuntos delitos: organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real. Aunque la defensa de la exfiscal alega, además, que la solicitud viola el debido proceso y el derecho de defensa, Espinoza puntualizó que “esas precisiones estaban claramente descritas y señaladas en la disposición”.
Villanueva ha confirmado la veracidad de unos chats que dieron origen a una investigación abierta a una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público. Según la tesis fiscal, esas coordinaciones fueron realizadas con legisladores para lograr la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura.
