Pedido de residencia contra Monteagudo

por | Dic 11, 2018 | Opinión

Por Javier Valle Riestra

Aprovechando la ausencia de San Martin en Guayaquil, Riva-Agüero inspiró intelectualmente acciones tumultuosas contra el Ministro Monteagudo. Este, con una mentalidad sarracena, había iniciado odiosas persecuciones antiespañolas que le granjearon la antipatía popular. El 25 de julio de 1822 el Cabildo, interpretando el sentimiento del vecindario, oficiaba al Gobierno solicitado se le sometiese a Residencia. Desafortunadamente, Monteagudo, de quien Riva-Agüero y Osma afirma que era un “terrorista”, “alma negra y despiadada, hecha de ferocidad y lujuria, de cieno y de sangre”, escapó para volver años después amparado por el favor de Bolívar.

Había sido la primera vez, por medio de una verdadera acción popular, que se reclamaba la rendición de cuentas de un funcionario del Poder Ejecutivo. Rigieron desde el 17 de diciembre de 1822 hasta el 12 de noviembre de 1823. Se promulgan bajo el gobierno del ejecutivo tricéfalo que presidiera José de La Mar.

El Congreso de esa temporada, formado por doctores y prelados liberales, discípulos de la revolución francesa, promulgó dos documentos legales: las Bases, que comentamos ahora, y la primera Constitución del Perú, la de 1823. Las Bases, en su artículo 15°, resolvía que los que desempeñaban el Poder Ejecutivo y los Ministros de Estado eran responsables in solidum por las resoluciones tomadas en común, y cada Ministro en particular por los actos peculiares de su departamento.

Se incorporaba así al régimen constitucional peruano la idea de la responsabilidad individual y la responsabilidad solidaria de los Ministros. Todavía no se podía hablar de la responsabilidad del Presidente de la Republica. La institución la introdujo el golpe militar de Balconcillo, en 1823.

El Reglamento Provisional del Poder Ejecutivo, promulgado el 15 de octubre de 1822, declaraba que los Diputados que se eligieran como miembros del gobierno solamente podrían volver al seno del Congreso después de absolver la correspondiente Residencia. El 26 de febrero, el Ejército Peruano había entrado en escena. Depuso a la Junta de Gobierno. Y aquel Congreso jacobino se le sometió nombrando a Riva-Agüero, líder del motín, Presidente de la Republica, ascendiéndolo de coronel a gran mariscal y otorgándole el uso de la banda bicolor como “distinción del Poder Ejecutivo”.


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