Defensa legal del expresidente había presentado una excepción de improcedencia de acción para anular las diligencias en torno a lo ocurrido el 7 de diciembre. Con este, el PJ ha rechazado 15 recursos interpuestos por Pedro Castillo para interrumpir las investigaciones en su contra.
Se quedó sin poder. En el marco de las investigaciones por el golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia rechazó una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa legal de Pedro Castillo mediante la cual se pretendió archivar las diligencias contra el expresidente por el delito de rebelión o conspiración.
El instrumento fue declarado infundado por el juez Juan Carlos Checkley Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Según la resolución del magistrado, el recurso en cuestión no tiene sustento debido a que el exmandatario sí cometió delito el 7 de diciembre del 2022.
“Al investigado Pedro Castillo Terrones no se le está procesando por el solo hecho de haber sido presidente de la República o por haber leído un mensaje a la Nación el 7 de diciembre de 2022, sino porque en tal condición, y a través de dicho mensaje, conjuntamente con sus coprocesados y otras personas en proceso de identificación, habría acordado la inconstitucional disolución del Congreso de la República y la instauración de un estado de excepción en el Perú, y que para ello, precisamente, se habrían aprovechado de la condición del entonces mandatario, quien era jefe supremo de las Fuerzas Armadas”, se lee en el documento.
La excepción de improcedencia de acción argumentaba que la lectura del mensaje a la Nación que pretendió resquebrajar el Estado de derecho no constituyó el delito de rebelión puesto que el golpista nunca se levantó en armas.
Por lo ocurrido en el golpe de Estado y por las investigaciones en su contra por organización criminal, Pedro Castillo cumple un régimen de prisión preventiva desde diciembre del 2022 en el penal de Barbadillo.
Cabe señalar que este es uno de los 15 recursos legales presentados por la defensa de Pedro Castillo para liberarlo y restituirlo en el poder, y que han sido rechazados por el PJ por diferentes razones. Uno de los últimos instrumentos en ser archivados fue una apelación contra la anulación de una tutela de derechos que pretendió archivar la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra el expresidente por organización criminal.
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