El expresidente presentó una denuncia penal contra la presidenta del INPE y al director de Seguridad de esa institución, acusándolos de violación de la intimidad y otros delitos tras la difusión de fotografías tomadas dentro de su celda en el penal de Barbadillo.
El 10 de febrero de 2026, el exmandatario Pedro Castillo, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo en Ate, presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima en contra de Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del INPE, y Henry García Malpartida, director de Seguridad de esa institución.
La acción legal fue interpuesta por su defensa técnica, a cargo del abogado Walter Ayala, luego de que diversos medios de comunicación difundieran fotografías captadas durante una requisa realizada en el interior de su celda, en las que se observaban objetos personales y las condiciones de su espacio de reclusión.
Según el documento judicial, la difusión de esas imágenes vulneró derechos constitucionales relacionados con la intimidad y la protección de datos personales, y configuraría la presunta comisión de delitos como violación de la intimidad, revelación de información reservada, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales por parte de los funcionarios denunciados.
La denuncia también sostiene que la difusión de las fotografías se realizó sin consentimiento del exmandatario y que no existe respaldo legal para la divulgación pública de ese tipo de material, aun cuando el Estado tiene facultades para realizar requisas en centros penitenciarios.
Además, se ha solicitado que el Ministerio Público disponga diligencias preliminares para investigar a fondo a los funcionarios del INPE implicados, tomar declaraciones y esclarecer cómo se produjo la filtración de las imágenes.
Este caso se produce en paralelo a acciones similares impulsadas por otros expresidentes recluidos en Barbadillo. Tanto Ollanta Humala como Martín Vizcarra han denunciado ante la justicia y ante el INPE la difusión de imágenes de sus respectivas celdas, señalando presuntas vulneraciones a su derecho a la intimidad y abuso de autoridad por parte de los responsables de las requisas.
Aunque el INPE ha señalado que inició una investigación interna para determinar cómo se filtraron las fotografías, la controversia sigue en desarrollo y podría abrir un nuevo capítulo de enfrentamientos legales entre exmandatarios y la institución penitenciaria.
