Castillo denuncia a la jueza y rechaza millonaria reparación civil.

El proceso judicial contra Pedro Castillo sufrió un nuevo revés con la renuncia de su abogado defensor público, Edgar Callahualpa Quispe. La decisión fue presentada ante el Poder Judicial, argumentando una relación insostenible con su patrocinado, lo que dificultó su defensa. Según Callahualpa, la falta de comunicación con Castillo imposibilitó su trabajo, además de ser acusado por el exmandatario de grabar conversaciones privadas sin su consentimiento.

Ante esta situación, el Poder Judicial designó a Ricardo Jhony Hernández Medina y Alejandro Astacie Vicente como los nuevos defensores públicos del expresidente. Sin embargo, el caso de Castillo, acusado de intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, ha estado marcado por constantes cambios en su estrategia legal, lo que ha generado inestabilidad en su representación.

En respuesta, Castillo anunció que ha iniciado una huelga de hambre en el penal de Barbadillo, denunciando parcialidad en su contra. En un comunicado difundido en redes sociales, aseguró que la jueza a cargo de su caso ha emitido juicios previos que distorsionan los cargos en su contra.

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Durante su última audiencia, se presentó sin abogado y pidió retirarse de la sesión, pero el tribunal rechazó su solicitud. También criticó la reparación civil de 65,4 millones de soles exigida por la Procuraduría General del Estado, asegurando que no tiene recursos para pagar y mencionando irónicamente que tendría que organizar rifas.

El juicio también involucra a los exministros Aníbal Torres, Betsy Chávez y Willy Huerta, así como a tres exoficiales de la Policía Nacional. La Fiscalía ha solicitado penas de entre 15 y 25 años de prisión por el presunto delito de rebelión.

La inestabilidad en su defensa legal y sus constantes enfrentamientos con el sistema judicial complican su situación procesal.