Por: Pablo Carranza
– ¿Qué comentario puede hacer sobre la ley que regula el crimen organizado recientemente aprobada por el Congreso?
Bueno, lo que se está logrando con esta ley es aclarar algo que ya estaba debidamente anotado en la ley derogada. O sea, está aclarando lo que significa crimen organizado, lo que significan los presupuestos que se deben de dar para la simplificación de ese delito, y, sobre todo, aclara las dudas o malas interpretaciones con las que los grupos interesados han querido inducir a la ciudadanía a pensar que cualquier agrupación de más de tres personas constituía crimen organizado.
– ¿Usted como hombre de leyes considera positivo el efecto de esta ley?
Es positivo desde el momento en que ya estamos desterrando esa absurda idea que aplican jueces, fiscales y policías, quienes indebidamente tipifican como organización delictiva a cualquier grupo de personas que delinque, cuando no es así. Ello porque aquí lo que se tiene que establecer son los roles que tiene cada uno de los participantes en el acto delictivo para saber que existe un organigrama, una dirección, los roles con los cuales van a ejecutar el delito en banda, es decir, en organización criminal.
– ¿Cómo explicarle a la gente que esta ley no va a favorecer a los criminales, como se ha tratado de decir desde un sector de la prensa?
No, esto es clarificar a fin de que cualquier ciudadano no se vea inmerso en un grupo en el que se le pretenda sancionar como crimen organizado y sobre todo con las penas tan severas que hay para poder llegar al momento de la condena. Entonces, aquí lo único que se está haciendo es poner orden a fin de que a cualquier grupo humano que delinca no se le llame organización delictiva. Como ocurrió con el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en donde lo pusieron a él, a su secretaria y a su chofer como miembros de una organización delictiva, lo cual es completamente absurdo.
– ¿Qué se puede hacer para seguir mejorando la normativa respecto a ese tema?
Simplemente orientar y capacitar a los operadores de justicia para decirles y enseñarles en sus escuelas, en su capacitación, lo que significa una organización criminal y sobre todo responsabilizarlos cuando se tipifique mal, porque no se puede sancionar a una persona imputándole hechos tan graves, acusaciones tan graves cuando no son parte de lo que significa una organización delictiva.
– Se dice que con esta ley se puede perjudicar un allanamiento porque se va a requerir la presencia del abogado del investigado ¿Es cierto?
Es una distorsión porque aquí lo que se tiene que hacer es que cuando se interviene en el inmueble, ya ordenado judicialmente como allanamiento, se ingresa por la premura o por la necesidad de hacerlo rápido. No se ejecuta sino que en ese momento se le dice al imputado, al allanado, que llame a su abogado para que esté presente, porque si vamos a esperar en una puerta para que venga su abogado con la anterior ley, pues fácilmente ellos pueden huir o pueden esconder el cuerpo del delito o las evidencias que hay en su contra. Entonces, eso es lo único de lo que se trata. En ningún momento se está tratando de apoyar o de beneficiar a algún tipo de gente que delinca.
– ¿Cree que debe reformarse el Sistema Nacional de Justicia para poder evitar los vicios que se siguen viendo en algunos procesos?
Definitivamente, como te decía, los operadores de justicia no vienen trabajando de la manera debida. Inclusive con la votación que ha dado el Congreso para regresar la dirección de la investigación criminal a la Policía. Lo único que se hace es responderle al Ministerio Público porque durante el tiempo que ha tenido la dirección no ha sabido llevarla adelante, no ha sabido capacitar a sus fiscales y no ha hecho nada por mejorar el sistema de investigación criminal. La respuesta está también en que ellos, los fiscales, muchas veces se han orientado al lado político y eso ha perjudicado realmente una verdadera investigación.
