Un exitoso plan que permita la formalización de las decenas de miles de mineros artesanales que trabajan fuera de la ley en el Perú, daría como consecuencia que se genere un aporte de hasta US$ 5,000 millones a la economía nacional, aseguró el director de postgrado de la Universidad de Lima, Pedro Grados, que además indicó que la producción de oro no se iría a Bolivia, desde donde se exporta al mercado internacional.
En declaraciones a La Razón, el especialista especificó que de lograrse la legalización de este olvidado sector económico «se generarían entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de minería informal, parte, incluso, se exporta a través de Bolivia, o sea, sale el oro a través de ese país y de ahí se exporta, todo esto habría que verificarlo. Si le ponemos 30%, debe ser por lo menos 1.000 millones de dólares más de recaudación de impuestos. En cifras gruesas, eso es lo que se podría hacer».
En esa misma línea, agregó que «la minería es el segundo sector económico en importancia en el Producto Bruto Interno (PBI). Primero, es el manufacturero y la minería pesa un 14%, formalmente hablando. Si formalizamos la minería, eso daría un mayor peso en el PBI, el tamaño de la economía sería mayor y la posibilidad incluso de atraer inversión sería mayor en la medida que todos estén bajo las mismas reglas y la violencia frente a la minería formal desaparecería, que es el caso, repito, de Pataz en La Libertad,
Por ello, dijo que «si formalizas, generas una mayor recaudación para el Estado y también está el trato al trabajador que en la minería informal que es bastante mala».
Entre otros beneficios, Pedro Grados expresó que «primero, la minería informal contamina y no está sujeta a todas las regulaciones vinculadas al ambiente. Un primer problema de la minería informal es el grado de contaminación versus su formalización. Un segundo tema que se debería trabajar con la minería informal es la cantidad de recursos que genera y, por lo tanto, todo lo vinculado con lavado de activos y las posibilidades de crimen organizado. Según muchos analistas, hoy día la principal fuente de recursos no registrados formalmente ya no es el narcotráfico, es la minería informal en general. Por lo tanto, ahí tienes un segundo elemento. Si formalizas, contaminas menos».
«Creo que primero lo que hay que hacer es establecer un mecanismo de formalización en la minería y uno de los elementos que también se debería estudiar, creo que es en Canadá, y lo propuso alguna vez el Instituto Libertad y Democracia de Hernándo de Soto, es darle la propiedad de la tierra a las comunidades de la zona, de forma tal que ellos mismos se van a encargar de buscar formalización y mayores ingresos en lugar de inclinarse por la minería informal», detalló para el diario La Razón.
No obstante, explicó que «se requiere, de todas maneras, sobre todo para aquellos grupos violentistas, como ha pasado en Pataz, en La Libertad, o en Madre de Dios, con la minería en el Río de Oro, se requiere también, indudablemente, fortaleza y autoridad».
Dado, que «si es que finalmente un minero está dentro de una organización informal, pasaría hasta la formalidad, con todos los beneficios que implica la formalidad. Ellos tienen una remuneración, un ingreso y no tienen ningún tipo de seguridad social, ni salud, ni pensiones, ni ningún tipo de seguro de desempleo. Entonces, también se contribuiría por ese lado».
Finalmente, declaró que «lo principal es dar señales de que realmente hay control del país y que no va a seguir creciendo la informalidad, y ese nivel de formalidad o de institucionalidad atrae inversión finalmente. Eso, el respeto a la institucionalidad porque, a ver, la minería informal demuestra una falta absoluta de institucionalidad, no logras controlar ni siquiera una actividad que requiere estabilidad en la zona y no la logras controlar, o sea, claramente hay problemas de control y de corrupción, y también habría más controles ambientales».